La Audiencia Provincial de Valladolid acogió este miércoles, 18 de marzo, la sexta jornada de testificales en el juicio por el presunto fraude cometido por la Funeraria El Salvador, un caso que ha conmocionado a decenas de familias de la provincia. Los testimonios recogidos revelan la indignación y el dolor de quienes confiaron en la empresa para despedir a sus seres queridos, y que ahora dudan de la veracidad de las incineraciones realizadas entre 2001 y 2011.

María del Lirio del P., cuyo esposo falleció el 12 de enero de 2005, narró el "profundo" impacto emocional que le causó conocer que su marido pudo haber sido incinerado en un ataúd sustituido por otro más barato. "Cuando me enteré por la prensa, me llevé un disgustazo, por el sentimiento de angustia de pensar que pudo ser quemado encima de un palé", aseguró. La testigo explicó que durante la cremación no pudo ver el ingreso del féretro en el horno y que los operarios no pudieron aclarar el paradero de las flores contratadas, generando aún más confusión y malestar.

Otro de los testimonios, María Asunción C., recordó la incineración de su suegra Julia P., fallecida el 2 de enero de 2005, donde se produjeron confusiones con el féretro y las flores, indicando que los operarios afirmaron que se habían desechado pese a haber sido contratadas. La testigo expresó su incertidumbre sobre si las cenizas que recibió corresponden realmente a su familiar.

El caso también contó con la intervención de Manuel G., hijo de Juan Francisco G., quien falleció el 31 de diciembre de 2005. A sus 17 años, vivió el proceso como "traumático" y afirmó sentirse "engañado" ante la posibilidad de que el ataúd de su padre hubiera sido sustituido antes de la incineración. Similar fue la experiencia de María José C., cuyo padre Ramón C. murió el 21 de enero de 2001, quien declaró sentirse "estafada y sin garantías de que las cenizas entregadas fueran auténticas".

Otras víctimas, como Alicia P., quien perdió a su padre José P. en 2006, y María del Rosario C., viuda de Constancio P. (fallecido en 2005), coincidieron en señalar que nunca tuvieron acceso visual a la cremación y que se les instruyó rápidamente sobre la elección de las urnas, un procedimiento que en su momento les pareció normal pero que ahora cuestionan con conocimiento de los hechos.

Finalmente, Adoración S., que incineró a ambos padres en julio de 2011, expresó su dolor y sorpresa al enterarse de las irregularidades años después, mientras que Manuel G. calificó de "muy ruin" la supuesta actuación de la funeraria y abogó por reclamar indemnizaciones por daños morales a la empresa.

A lo largo de la jornada, los testigos coincidieron en la misma sensación: desconfianza, incredulidad y profundo desasosiego ante la posibilidad de que sus seres queridos no hayan recibido un tratamiento respetuoso durante su última despedida. El juicio sigue en curso para determinar si se confirma el presunto fraude que habría afectado a decenas de familias durante más de una década.