La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal, ha señalado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) responde a un defecto "de forma" y no al contenido de la normativa. Ha explicado, en este sentido, que el fallo judicial considera que la ordenanza "no es conforme a derecho" por un problema formal relacionado con el informe de la planificación del proyecto, pero no habla en ningún caso "del fondo de la cuestión".

Aun así, Carvajal ha recordado que su formación ha mantenido desde el principio su rechazo a las Zonas de Bajas Emisiones, aunque ha defendido que el Ayuntamiento estaba obligado a implantarla por la normativa estatal que exige este tipo de medidas en municipios de más de 50.000 habitantes. Es más, ha criticado que la legislación impulsada por el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, impone un modelo que, a su juicio, resulta excesivamente restrictivo para ciudades como Valladolid. "No vivimos en Madrid o Barcelona", ha afirmado.

Según ha explicado Carvajal, el acuerdo de gobierno entre VOX y el Partido Popular trató de diseñar una ordenanza que cumpliera con la ley estatal pero que fuera "lo menos restrictiva posible para los ciudadanos". A su juicio, la sentencia abre ahora un escenario que aconseja actuar con prudencia. La teniente de alcalde ha defendido que, tras el fallo judicial, lo adecuado es estudiar la suspensión del régimen sancionador para evitar posibles responsabilidades patrimoniales de la administración local. Esta posibilidad será analizada en la mesa de trabajo creada -se puso en marcha para que se aprobaran los presupuestos- con el fin de evaluar la situación de la ZBE.

Carvajal, además, ha señalado que los servicios jurídicos municipales deberán estudiar los mecanismos necesarios para aplicar esa eventual suspensión y que el objetivo será consensuar un nuevo modelo de Zona de Bajas Emisiones "acorde a la calidad del aire" de la ciudad, pero que no sea restrictiva ni implique una restricción de derechos. En este contexto, ha defendido que la legislación obliga a los municipios a contar con una ZBE, pero no necesariamente a establecer multas. De hecho, ha apuntado a otras medidas que, en su opinión, pueden contribuir a mejorar la calidad del aire, como el aumento de zonas verdes o el desarrollo de infraestructuras energéticas como la red de calor urbana que ya se está implantando.

Por último, la portavoz municipal de VOX ha asegurado que su formación está satisfecha con la sentencia porque "propicia ese escenario de eliminar las multas" en el que, según ha afirmado, ya venía trabajando dicha formación en el Ayuntamiento. Es más, creía, independientemente de la sentencia, que el PP iba a ceder e iba eliminar tarde o temprano el régimen sancionador que impone, de momento, la actual ZBE de la ciudad.