La portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid, Rocío Anguita, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que actúe "de forma inmediata" tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad.

Anguita ha advertido de que la situación es "crítica", ya que la normativa estatal obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a disponer de una Zona de Bajas Emisiones en vigor. En este sentido, ha alertado del riesgo de que la ciudad tenga que devolver fondos europeos vinculados a proyectos de movilidad sostenible si no se mantiene esta medida. "Si no la tenemos, vamos a tener que devolver muchos fondos europeos que hemos conseguido precisamente por cumplir con esta norma", ha señalado.

La portavoz municipal ha subrayado que, con independencia de que el equipo de gobierno -formado por Partido Popular y VOX- decida presentar recurso contra la sentencia, la prioridad debe ser garantizar cuanto antes que Valladolid disponga de una ZBE legal. "En este momento necesitamos que la Zona de Bajas Emisiones esté en vigor y sea legal. El equipo de gobierno tiene que arreglar esta situación y tiene que hacerlo de forma inminente", ha insistido.

Anguita también ha pedido al Ayuntamiento que ofrezca claridad a la ciudadanía sobre los próximos pasos que se darán respecto a la regulación del tráfico en el centro de la ciudad. A su juicio, es necesario trasladar "mensajes claros" sobre cómo seguirá funcionando la ZBE y cuáles serán sus condiciones. La portavoz de Valladolid Toma la Palabra ha recordado que el objetivo principal de implantar este tipo de medidas es proteger la salud de la población y mejorar la calidad del aire urbano. En este sentido, ha defendido la continuidad de la ZBE como herramienta para avanzar hacia una ciudad "más limpia y más saludable".

Además del impacto en la salud pública, Anguita ha insistido en el posible efecto económico de no cumplir con los compromisos climáticos asociados a la financiación europea. "Estamos hablando de muchos millones de euros de fondos europeos que podrían estar en el aire si Valladolid deja de tener una zona de bajas emisiones en vigor", ha advertido.

Por otro lado, ha recalcado que corresponde exclusivamente al equipo de gobierno resolver la situación generada tras la anulación judicial de la ordenanza. "La ordenanza no se aprobó por unanimidad, fue aprobada solo por el equipo de gobierno. Por tanto, son ellos quienes tienen la capacidad y la responsabilidad de decidir cuál es el siguiente paso", ha afirmado.

En este contexto, Anguita ha reclamado también que su grupo pueda participar en la mesa de seguimiento de la ZBE. Según ha denunciado, se trata de un órgano que está funcionando sin la presencia de todos los grupos políticos municipales. "No sabemos qué datos se están manejando ni qué seguimiento se estaba haciendo, y hemos pedido participar sin obtener respuesta", ha concluido.