El inspector de la Policía Nacional que ejerció como instructor del conocido 'caso ataúdes' declaró este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid que resulta "imposible" que el resto de trabajadores y la dirección de la funeraria desconocieran lo que estaba ocurriendo en la empresa durante años.

Durante la segunda sesión del juicio, el agente explicó que el extrabajador de Funeraria El Salvador, Justo Martín, ya fallecido, llevaba anotaciones detalladas en libretas y dietarios entre 1995 y 2015 en las que registraba la sustracción de casi 6.000 ataúdes.

Según el inspector, el contenido de esas libretas fue clave para la investigación. En ellas aparecían datos de los fallecidos junto a una codificación que indicaba si la caja había sido cambiada o no. Los investigadores comprobaron además que las anotaciones seguían un patrón cronológico, lo que, a su juicio, descartaría que se hubieran elaborado posteriormente para la extorsión.

La investigación comenzó en 2017, cuando uno de los responsables de la funeraria acudió a la Policía junto al abogado de la empresa para denunciar un intento de extorsión por parte de este extrabajador. Según el testimonio del inspector, el hombre enviaba cartas en las que afirmaba conocer lo ocurrido durante años en la empresa y reclamaba dinero a cambio de no hacerlo público.

En el registro de su vivienda, la Policía encontró fotografías, carretes sin revelar, dispositivos de almacenamiento y documentos, además de una tercera carta de extorsión. Parte de ese material mostraba cadáveres en féretros que, según los investigadores, evidenciaban el cambio de ataúdes.

El inspector también aseguró que una sola persona difícilmente podría haber realizado esas operaciones por sí sola. "Es casi imposible que una persona saque un cadáver de un ataúd y lo coloque en otro soporte para el horno del crematorio sin ayuda", señaló, al explicar que el proceso requiere una logística compleja y esfuerzo físico.

Durante la investigación también se detectó una distorsión entre el número de ataúdes adquiridos por la empresa y los que serían necesarios para cubrir la demanda real, según informes de la Unidad de Vigilancia Aduanera.

El procedimiento judicial, conocido como 'caso ataúdes', sienta en el banquillo a 23 acusados, entre ellos miembros de la familia Morchón, propietarios de la funeraria, que se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión.

En la sesión también se abordaron diversas conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación, así como el testimonio de una antigua trabajadora que aseguró a la Policía que la práctica de cambiar los ataúdes era conocida dentro de la empresa.

El juicio continúa en la Audiencia Provincial de Valladolid con la declaración de nuevos testigos y peritos que deberán esclarecer el alcance de los hechos investigados.