La Audiencia Provincial de Valladolid ha iniciado el juicio por el conocido como 'caso ataúdes', un procedimiento que sienta en el banquillo a 23 acusados por un presunto fraude continuado en el sector funerario entre 1995 y 2015. En la primera sesión, centrada en las cuestiones previas, la defensa de la familia Morchón reclamó la nulidad de la causa al considerar que la investigación policial que dio origen al proceso se desarrolló al margen del control judicial.

Los abogados de los hermanos Ignacio, Laura y María del Rosario Morchón, así como de su madre, María del Rosario V.L., sostuvieron que las pesquisas que sustentan la acusación no fueron comunicadas al Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, que en ese momento investigaba un supuesto intento de extorsión a la funeraria por parte de un extrabajador ya fallecido. Según la defensa, mientras la familia comparecía como perjudicada en aquel procedimiento, la Policía habría puesto en marcha una investigación paralela que terminó incriminándolos.

El letrado de Ignacio Morchón —hijo del fundador de la funeraria El Salvador, fallecido en 2022— afirmó ante el tribunal que se vulneró el derecho de su cliente a no autoinculparse, al declarar como testigo en un asunto cuando ya estaba siendo objeto de investigación sin conocimiento formal. Asimismo, denunció que se analizaron movimientos financieros de casi dos décadas sin cobertura judicial suficiente y que parte de esa documentación bancaria no consta incorporada a la causa.

En términos similares se expresó la representación legal del resto de familiares procesados, que calificó las diligencias como una "investigación prospectiva" no amparada por los principios constitucionales, al entender que se extendieron más allá del objeto inicial sin autorización expresa del juzgado instructor.

Decisiones del tribunal

Durante esta sesión inicial, el presidente del tribunal rechazó la petición de la Fiscalía de que declararan en el juicio los cerca de 6.000 presuntos afectados. El magistrado argumentó que esa medida provocaría un "colapso" del proceso, con dilaciones inasumibles y una paralización de la actividad ordinaria de la Audiencia. En su lugar, avaló la reducción de testigos, en línea con lo solicitado por las defensas, que recordaron que solo una parte de los perjudicados presentó denuncia formal.

El tribunal también autorizó que los acusados puedan ausentarse de buena parte de las vistas, previstas en un calendario de 35 sesiones que se prolongarán hasta el 2 de junio. La decisión se fundamenta en que varios procesados trabajan en la empresa funeraria y que su presencia continua podría afectar a la prestación de un servicio considerado esencial. La Fiscalía se opuso a esta medida al entender que el calendario era conocido con antelación suficiente para adoptar soluciones organizativas.

Peticiones de penas

El Ministerio Público solicita condenas que, en conjunto, superan los 200 años de prisión. Para los cuatro miembros de la familia Morchón —la madre y sus tres hijos— reclama las penas más elevadas, que ascienden a 20 años de cárcel para cada uno. Les atribuye delitos de constitución de organización criminal, apropiación indebida y estafa continuadas, blanqueo de capitales, falsedad documental y un delito contra el respeto a los difuntos. Además, interesa multas que rondan los 12 millones de euros.

La acusación sostiene que durante dos décadas se habría llevado a cabo un sistema de sustitución de ataúdes por otros de menor coste sin conocimiento de las familias, obteniendo un beneficio económico ilícito. Del procedimiento quedaron excluidos el empresario Ignacio M.A. y el extrabajador que destapó los hechos, ambos fallecidos.

El proceso, por su magnitud —con 23 acusados, 239 testigos y 17 peritos—, se prevé complejo y de larga duración. Antes de entrar en el fondo del asunto, el tribunal deberá pronunciarse sobre la solicitud de nulidad planteada por las defensas, una cuestión que podría marcar el rumbo del juicio.