Transportes impulsa la mejora de la A-60 entre Villanubla y La Mudarra con una inversión de 74,7 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible somete a información pública el proyecto y activa el proceso de expropiaciones

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Transportes impulsa la mejora de la A-60 entre Villanubla y La Mudarra con una inversión de 74,7 millones de euros
Tramo León-Puente Villarente de la autovía A-60. ICAL.
El autor esRubén  Hernández Martín
Rubén Hernández Martín
Lectura estimada: 2 min.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado un nuevo paso en la tramitación de la Autovía A-60 (Valladolid-León) con la aprobación provisional del proyecto de trazado del tramo comprendido entre Villanubla y La Mudarra. La actuación contará con una inversión prevista de 74.750.633,16 euros y permitirá avanzar en la conexión de la provincia vallisoletana con León a través de una vía de alta capacidad.

La resolución, difundida a través del Boletín Oficial del Estado, formaliza el inicio del periodo de información pública por parte de la Dirección General de Carreteras. A partir de ahora, se abre un plazo de 30 días hábiles durante el cual particulares, administraciones y colectivos podrán revisar el proyecto y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Con esta aprobación provisional también se activa el procedimiento para declarar la utilidad pública de las obras y la urgente ocupación de los terrenos afectados. Este trámite implica la posible expropiación de parcelas, ocupaciones temporales y la adaptación o reposición de servicios e infraestructuras que se vean alterados por el nuevo trazado.

La documentación completa estará disponible en la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, así como en los ayuntamientos de Castromonte, Valdenebro de los Valles, La Mudarra y Medina de Rioseco. También podrá consultarse a través de la página web oficial del Ministerio.

Las personas físicas o jurídicas interesadas podrán presentar sus alegaciones por los medios contemplados en la legislación administrativa vigente, tanto para corregir posibles errores en la relación publicada como para formular oposición fundamentada a la ocupación urgente prevista en el proyecto.

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