Los acusados por una red de trata de personas con explotación sexual se enfrentan de entre 27 y 9 años de cárcel en Valladolid

La Fiscalía solicita hasta 27 años de prisión por captar y explotar laboral y sexualmente a mujeres latinoamericanas en varias provincias del norte de España

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Los acusados por una red de trata de personas con explotación sexual se enfrentan de entre 27 y 9 años de cárcel en Valladolid
Prostitución.
El autor esMiguel Ángel  Fernández
Miguel Ángel Fernández
Lectura estimada: 3 min.

Cuatro personas se sentarán ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Valladolid los días 25, 26 y 27 de febrero acusadas de formar parte de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos, la explotación laboral y la vulneración continuada de los derechos de trabajadoras extranjeras. Las penas reclamadas por la Fiscalía oscilan entre los 27 años de prisión para la principal acusada y los nueve años para los encausados con participación menor en los hechos.

Según el escrito de calificación provisional presentado ante el tribunal, los hechos que se investigan comenzaron al menos en marzo de 2022 y se prolongaron hasta finales de diciembre de 2023, período en el que la organización habría captado en países de Latinoamérica mujeres jóvenes en situaciones de vulnerabilidad para, posteriormente, trasladarlas a España con la promesa de obtener ingresos elevados mediante un 'trabajo legal'.

Una captación engañosa, una explotación continuada

De acuerdo con la Fiscalía, el modus operandi era muy similar para todas las víctimas: las mujeres —procedentes en su mayoría de zonas empobrecidas de Venezuela y Colombia— eran seleccionadas por los encausados bajo el argumento de que podrían ganarse la vida en España con un empleo bien remunerado. Sin embargo, una vez en territorio español, los hechos muestran que la realidad era muy distinta.

A su llegada al país, las víctimas eran alojadas en diferentes viviendas ubicadas en distintas provincias del norte de España. Inmediatamente les requisaban el pasaporte y se les informaba de una supuesta deuda de entre 5.500 y 6.500 euros, correspondiente a los costes de viaje y supuestos gastos de gestión. Esta cifra podía aumentarse con otros importes adicionales, lo que ataba legal y económicamente a las mujeres al entramado criminal.

Durante este periodo, las víctimas eran obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, sin poder salir de los domicilios alquilados sin autorización expresa de la principal acusada, que se encargaba de controlar sus movimientos. Las labores que tenían que desempeñar iban desde trabajos forzados hasta actividades de prostitución en las viviendas, sin apenas tiempo libre más allá del necesario para adquirir comida básica para subsistir.

Las investigaciones policiales siguen el rastro de varios inmuebles en los que las mujeres eran alojadas bajo condiciones coercitivas. Entre ellos figuran domiciliaciones en Valladolid, Santander, Gijón, Irún y Logroño, entre otras localidades del norte del país. Las personas que alquilaron estos inmuebles no estaban al tanto de las situaciones de explotación que tenían lugar en su interior, según las diligencias judiciales.

Penas solicitadas por la Fiscalía

La principal acusada, identificada por las siglas K.J.O.B., se enfrenta a una pena global de veinticuatro años de cárcel por tres delitos de trata de seres humanos, además de un año por un delito continuado contra los derechos de trabajadores extranjeros y otros dos años por pertenencia a grupo criminal.

Otro de los encausados, E.D.A.B., está acusado de dos delitos de trata de seres humanos y de pertenecer al grupo criminal, por lo que la Fiscalía solicita dieciocho años de prisión. Para los dos restantes, acusados de forma individual por su implicación, la petición de pena es de siete años de cárcel por trata y dos años por pertenencia al grupo criminal en cada caso.

Un fenómeno difícil de erradicar

La trata de personas con fines de explotación sexual o laboral sigue siendo un fenómeno que preocupa a las autoridades españolas. Las víctimas suelen ser mujeres jóvenes procedentes de países latinoamericanos, atrapadas en situaciones de precariedad económica y con documentos retenidos para limitar su capacidad de denuncia o huida.

La proximidad de este juicio en la Audiencia Provincial de Valladolid subraya tanto el alcance de estas redes criminales en varias provincias del norte como el esfuerzo de las fuerzas del orden y la Fiscalía por llevar ante la justicia a quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de mujeres para su beneficio económico.

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