La Comisión de Educación de CEOE Valladolid ha trasladado su posición ante el debate abierto en torno a la Formación Profesional tras el anuncio de un nuevo real decreto que plantea limitar la apertura de centros privados. Desde la organización empresarial subrayan la necesidad de abordar cualquier reforma desde el consenso, el análisis territorial y la colaboración entre todos los agentes implicados, evitando enfoques que, a su juicio, puedan generar confrontación dentro del sistema.

Según explican desde la Comisión, el contacto permanente con el tejido empresarial de la provincia pone de manifiesto una idea compartida: la calidad de la Formación Profesional es un requisito irrenunciable. "Ni las empresas ni los propios centros formativos quieren una FP improvisada o sin rigor", señalan, al tiempo que advierten de que ese objetivo común no debería utilizarse para desacreditar a una parte del ecosistema formativo.

Colaboración público-privada para responder al mercado laboral

Desde CEOE Valladolid destacan que la experiencia en la provincia demuestra que la FP funciona mejor cuando es flexible y está alineada con las necesidades reales del mercado de trabajo. En ese contexto, consideran que la iniciativa privada y las entidades de formación para el empleo desempeñan un papel relevante al complementar la oferta pública y facilitar una respuesta más ágil a la demanda de perfiles profesionales.

La Comisión de Educación apunta que esta colaboración ha permitido en los últimos años que numerosos alumnos accedan a itinerarios formativos adaptados a los sectores productivos emergentes, reduciendo la brecha entre formación y empleo. En su opinión, prescindir de esa aportación supondría "reducir opciones" tanto para el alumnado como para las empresas que buscan talento cualificado.

Evaluar la calidad con criterios objetivos

CEOE Valladolid defiende que la calidad de la Formación Profesional debe medirse con indicadores objetivos y homogéneos, con independencia de la titularidad de los centros. Entre ellos citan la cualificación del profesorado, la adecuación de las instalaciones y, especialmente, los datos de inserción laboral de los estudiantes.

La organización empresarial considera positivo reforzar los mecanismos de control y supervisión, pero alerta de que vincular de forma genérica la iniciativa privada a una menor exigencia puede generar inseguridad jurídica, frenar inversiones y poner en riesgo plazas formativas que actualmente resultan necesarias en la provincia.

Una FP adaptada a la realidad de Valladolid

Desde la Comisión de Educación insisten en que cualquier modificación normativa debe tener en cuenta la realidad territorial. En una provincia con un peso creciente de la industria, la logística y los servicios, advierten de que reducir la oferta formativa sin un análisis previo puede derivar en menos plazas disponibles y mayores dificultades para cubrir las necesidades de personal cualificado.

En este sentido, CEOE Valladolid recalca que el sistema público y el privado no son modelos enfrentados, sino complementarios. "Cuando trabajan de forma coordinada, el impacto sobre la empleabilidad y la competitividad es mayor", señalan.

Por ello, la organización empresarial reclama que las reformas en Formación Profesional se construyan desde el diálogo con centros educativos, empresas y agentes sociales, con un objetivo compartido: reforzar la FP como una vía eficaz de acceso al empleo y al desarrollo profesional.

Desde CEOE Valladolid concluyen que apostar por la Formación Profesional es apostar por el futuro de los jóvenes y por la competitividad de la provincia, y reclaman "más colaboración y menos prejuicios" para garantizar un sistema formativo sólido, equilibrado y adaptado a las necesidades reales del mercado laboral.