Pese a conocer esta situación, el acusado no informó de la contaminación existente cuando formalizó la compraventa en escritura pública el 13 de octubre de 2021. Según recoge la sentencia, de haber sido conocedoras del estado real del terreno, las adquirentes no habrían llevado a cabo la operación.

Las compradoras proyectaban destinar la parcela a la instalación de un centro hípico y desconocían que el suelo estaba afectado por una grave contaminación incompatible con ese uso. Al iniciar los trabajos de acondicionamiento detectaron restos metálicos dispersos, una sustancia negruzca en el terreno y el afloramiento de un líquido que, al mezclarse con esos materiales, desprendía un fuerte olor a amoníaco.

Ante esta situación, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil en el Puesto de Tudela de Duero. La investigación acreditó que la actividad desarrollada en la parcela había provocado daños sustanciales tanto en la calidad del suelo como en las aguas superficiales, sin que el propietario contara con la autorización administrativa necesaria para la gestión de los residuos generados.

La Audiencia Provincial de Valladolid, cuya sentencia ha sido ahora confirmada por el TSJCyL, concluyó que la operación de compraventa no se habría realizado de haberse conocido el estado real del terreno, ya que su recuperación exigía una inversión económica elevada para poder destinarlo al uso previsto.