Como podíamos sospechar, poco o nada ha cambiado con el nuevo año la política nacional. Ni la internacional. Lo contrario sería un verdadero milagro. Los aspirantes a pasar a la historia como estadistas, esos visionarios de sus propios mundos, los paniaguados y apesebrados que los acompañan con inusitada devoción y las multitudes que acuden cual manso rebaño al correspondiente redil ideológico se mantienen al frente del lamentable relato político actual.

La manipulación del poder establecido alcanza tales magnitudes, la sarta de mentiras y verdades a medias es tan grande, que con la eclosión de la Inteligencia Artificial no vamos a ser capaces de distinguir a un simple asno de una eminencia científica. O eso pretende la multitud de 'cocineros' del manoseado relato social. Para entender mejor lo dicho recomiendo la lectura del libro "Contra las Ideologías", de José Ramón Ayllón, un compendio del significado actual de la manipulación a la que estamos sometidos los ciudadanos que nos dedicamos a nuestras labores, es decir los que no vivimos de la sopa boba.

Un sencillo ejemplo para mejor comprensión. Finalizan las fiestas navideñas y el primer retrato oficial de nuestro presidente del Gobierno es con un político independentista catalán condenado y amnistiado, con cuyo partido político aseguraba, en solemne tono, que jamás pactaría. El motivo no es otro que repartir a su antojo, otra vez, la pasta de todos. Es lo que tiene la necesidad de un puñado de votos a cambio de mantener el sillón, que ya ni el poder. "Nadie pierde, todos ganan", reza el pretencioso eslogan elegido por Hacienda para la ocasión. Estupendo guion para un monólogo.

En estas primeras fechas de 2026, desde La Moncloa se ha elevado a la máxima expresión la palabra 'ordinalidad'. Con el principio de ordinalidad (el orden en el que aportas, recibes, sólo para una Comunidad), el Gobierno intenta edulcorar el hecho de que Cataluña vaya a llevarse mayor porcentaje de dinero que el resto (al margen de País Vasco y Navarra, que ya disfrutan de sus propias prebendas gracias a la Constitución de 1977). Para mayor confusión, nos aseguran que los demás parias del país también veremos incrementada -voluntariamente- nuestra parte del pastel, en un vano intento de confundir al personal. Ni así parece colar la hazaña fiscal. Las matemáticas no engañan.

El artículo 2 de nuestra Carta Magna sentencia que habrá "solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones españolas". En el artículo 138 se recoge expresamente que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales". Sin embargo, la realidad es bien distinta. El líder de un partido que antiguamente era socialista -ahora al frente de un Ejecutivo que se autoproclama progresista- abdica de la imprescindible igualdad entre los españoles. Todo por miserables penurias parlamentarias. No es la primera vez. El fin justifica los medios o hacer de la necesidad virtud.

A modo de parodia nacional, la ministra Montero intenta explicar lo inexplicable con sorprendentes giros dialécticos, el presidente Illa pregona orgulloso a los cuatro vientos que ha conseguido lo que reclamaba, el inhabilitado Junqueras saca pecho y se mofa hasta del prófugo Puigdemont, quien se desahoga con sus vasallos, los presidentes autonómicos del PP protestan ante los medios de comunicación y los vecinos de la España vaciada pagamos el pato de una gestión política que tiene de progresista lo que alguno de estadista para la historia.

Comienza el año como terminó el anterior. La esperada noticia y la forma en que se ha hecho pública no sorprende a nadie: La reforma del sistema de financiación de las autonomías vuelve a ser un mísero acto de desencuentro, de confrontación, de privilegios y de intolerancia. Por la puerta de atrás, como se ha convertido en habitual en los últimos tiempos. ¿Hasta cuándo? Aún queda mucho año por delante...