El ministro de Transportes considera la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad como el hecho "más nocivo y lesivo" para la ciudad en lo que va de siglo y acusa al alcalde Carnero de paralizar la integración ferroviaria
Óscar Puente no descarta volver a optar a la Alcaldía de Valladolid
El ministro de Transportes considera la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad como el hecho "más nocivo y lesivo" para la ciudad en lo que va de siglo y acusa al alcalde Carnero de paralizar la integración ferroviaria
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, aseguró este miércoles que "no descarta en absoluto" volver a presentarse a la Alcaldía de Valladolid, el cargo político que, según afirmó, ha sido el único por el que ha luchado "expresamente" en su vida.
En una entrevista en Cadena SER Valladolid, recogida por Ical, el ministro recordó que Valladolid es su ciudad natal y subrayó que su "capítulo" en la capital del Pisuerga "no se ha cerrado" como a él le hubiera gustado. No obstante, se mostró prudente y aclaró que sus palabras no implican una decisión tomada, ni pretenden generar expectativas que no sabe si podrá cumplir. Insistió además en que se trata de una reflexión personal y no de una cuestión interna del PSOE, formación que, dijo, cuenta con "excelentes candidatos".
Duras críticas al alcalde Carnero
Puente dirigió sus críticas al actual alcalde, Jesús Julio Carnero, a quien responsabilizó directamente de la paralización del proyecto de integración ferroviaria y de la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, una decisión que calificó como el hecho "más nocivo y lesivo" para la ciudad en lo que va de siglo.
El ministro advirtió de que la desaparición de la sociedad supondrá para Valladolid la pérdida de 125 millones de euros, que pasarán a manos de Adif y que estaban destinados a actuaciones "muy necesarias para la permeabilidad" de las vías, así como a la eliminación del "adefesio" del Arco de Ladrillo. Además, recordó que la ciudad deberá asumir los 400 millones de deuda derivados del fallido soterramiento, lo que condicionará "varias anualidades del presupuesto municipal".
Puente negó que el conflicto responda a una "pelea de egos" y acusó tanto al alcalde como a la Junta de Castilla y León de incumplir los acuerdos firmados para la integración ferroviaria. "Una parte intenta cumplir y la otra se los salta a la torera", afirmó, asegurando que el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones evita mirarle a los ojos "porque no se puede firmar algo y luego no cumplirlo".
Procedimiento judicial y parálisis de obras
El ministro vaticinó que en el procedimiento judicial iniciado por el Ayuntamiento "los jueces se van a santiguar" y reprochó a Carnero sus dos años y medio de bloqueo del proyecto. "Mi secretario de Estado está hasta el gorro", dijo, tras recordar la docena de reuniones celebradas sin avances.
También denunció la paralización de la obra del Arco de Ladrillo, los sucesivos votos en contra a los pasos de Ariza y la falta de avances en el paso de la calle Pelícano, insistiendo en que las obras de la calle Irún no habrían afectado al tráfico ni a los trabajos de la estación.
Puente sentenció que el alcalde "ha tomado el pelo a la ciudadanía" y al Consejo de Administración de la sociedad, a cuyos miembros "debe un año", y cuya situación ha desembocado en la denuncia del convenio y su liquidación. "Los ciudadanos no verán ni un céntimo de los 125 millones y tendrán que pagar 400 millones de euros por un soterramiento en el que no se hizo ni un metro", remarcó.
Obras de la nueva estación
Por último, el ministro explicó que realizó una visita sorpresa a las obras de la nueva estación de Renfe en Valladolid, donde ya se están demoliendo las primeras naves y se prevé iniciar la cimentación el próximo año.
En relación con una posible paralización del proyecto, aclaró que en el recurso presentado por el Ayuntamiento no se solicita la suspensión de las obras, por lo que los tribunales no la acordarán. Además, advirtió de que aunque cualquier gobierno podría detener una obra iniciada por otro, ello implicaría consecuencias legales e indemnizaciones muy costosas para las empresas adjudicatarias. "Costaría un dinero, evidentemente", concluyó.








