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La Diputación de Valladolid reclama autonomía municipal y la suspensión de la tasa estatal de basuras
El Pleno aprueba además medidas para mejorar servicios rurales, apoyar al pueblo saharaui y exigir soluciones al 'caos ferroviario' con Madrid
El Pleno de la Diputación de Valladolid aprobó en su última sesión una serie de propuestas centradas en la defensa de la autonomía local, la mejora de los servicios provinciales y el compromiso con diversas causas sociales. Entre ellas, destacó la moción presentada por el Grupo Provincial Popular, que contó con el apoyo de Vox y el rechazo del PSOE y TLP, en defensa de la autonomía municipal y para solicitar al Gobierno central la suspensión de la tasa obligatoria de basuras recogida en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados.
Durante el debate, los grupos favorables subrayaron que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y deben mantener la capacidad de decidir cómo financiar el servicio de recogida y tratamiento de residuos, sin la imposición estatal de repercutir el coste íntegro a los vecinos. Según el acuerdo aprobado, esta tasa supone una carga económica excesiva para muchas familias y pequeños negocios, además de limitar la posibilidad de aplicar bonificaciones sociales o tarifas adaptadas a cada municipio.
El pleno acordó instar al Gobierno de España a eliminar la obligación legal de trasladar el 100% del coste del servicio a los ciudadanos, y a establecer un modelo más flexible de financiación, respetuoso con la autonomía y potestad tributaria local. La propuesta también contempla incentivos al reciclaje y la economía circular, así como ayudas específicas a colectivos vulnerables. El acuerdo será remitido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a su federación regional para recabar apoyos.
Acuerdo para resolver el 'caos ferroviario' con Madrid
El Pleno aprobó igualmente la propuesta de Vox titulada 'Por la resolución del caos ferroviario entre la provincia de Valladolid y Madrid', en la que se denuncia la falta de respuesta y transparencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ante los problemas diarios de los usuarios.
La moción insta al Ministerio a adoptar medidas para eliminar los retrasos, mejorar la calidad del servicio y a RENFE a aumentar las plazas disponibles en horas punta, evitando que se agoten con antelación. Además, el texto aprobado incluye la petición de dimisión del ministro Óscar Puente, al que se responsabiliza de la situación actual.
Mayor compromiso con el pueblo saharaui
Con el respaldo del Pleno, se aprobó también la moción del Grupo TLP titulada "Por un mayor compromiso con el pueblo saharaui", que reclama al Gobierno español una política exterior coherente con las resoluciones de Naciones Unidas.
El acuerdo respalda además la proposición de ley que se tramita en el Congreso para reconocer la nacionalidad española a las personas nacidas antes de 1996 en el Sáhara Occidental bajo administración española.
Asimismo, la Diputación incrementará la dotación económica al Programa Vacaciones en Paz, gestionado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, con el objetivo de ampliar el número de menores acogidos por familias vallisoletanas.
Nuevas inversiones en servicios rurales y sociales
El Pleno aprobó varias medidas para mejorar infraestructuras y servicios municipales en toda la provincia. Entre ellas:
550.000 euros dentro del Programa de Reto Demográfico 2025, para financiar 51 proyectos de dinamización económica y social en el medio rural.
101.787 euros para 19 municipios, destinados a obras urgentes que garanticen el abastecimiento de agua.
Un incremento de 200.000 euros en las ayudas a la mejora de colegios rurales, alcanzando una inversión total de 600.000 euros este año.
240.000 euros en subvenciones para 67 localidades con el fin de acondicionar espacios para personas mayores.
325.000 euros para mejorar la accesibilidad en edificios municipales en 37 ayuntamientos y entidades locales menores.
Finalmente, se aprobó una reorganización de los Centros de Acción Social (CEAS) que entrará en vigor en 2026, manteniendo 13 centros para los municipios menores de 20.000 habitantes. La medida busca una distribución más equilibrada y eficiente del servicio social en el medio rural, especialmente en zonas con población envejecida.
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