El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el Ejecutivo mantiene su posición a favor del soterramiento de las vías del tren en Valladolid, como en Palencia o en San Andrés del Rabanedo (León), al tiempo que evitó pronunciarse sobre la reclamación que ha presentado en los tribunales la Sociedad Valladolid Alta Velocidad contra el Ayuntamiento de la capital por no cumplir con las aportaciones económicas previstas. 

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo insistió en que la Junta tiene en esta cuestión un "papel mucho menor" y se limita a apoyar la posición que tengan los ayuntamientos, que en el caso de Valladolid, Palencia o San Andrés piden el soterramiento de las vías. 

Esta semana se conoció que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad había acordado impugnar ante un juzgado de lo Contencioso Administrativo el decreto del Ayuntamiento de Valladolid con el que decidió aportar únicamente 1,23 de los once millones que tenía que pagar la institución municipal en 2024 y aplazar el resto, a lo que se opuso la mayoría de esta entidad, con el voto de calidad de su presidente y secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

En ese sentido, recordó que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, así se lo trasladó a Pedro Sánchez, quien prometió un encuentro con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que sin embargo no se ha producido por problemas de agenda del vallisoletano. Además, le reprochó que acepte el soterramiento en otras comunidades, pero tenga una posición contraria en Castilla y León. 

Por otra parte, el consejero portavoz aseguró que la Junta es partidaria de que se eliminen los peajes, como el de la autopista del Huerna, la AP-66 que une León y Asturias. "Nos alegra", dijo que el Principado, una comunidad hermana, haya solicitado a la Comisión Europea que continúe con el procedimiento de infracción abierto por la prórroga del peaje, con el fin de alcanzar su supresión. También abogó por acabar con la otra vía de pago de la provincia leonesa, la AP-71 (León-Astorga).