El Grupo Municipal Socialista ha cargado duramente contra los cambios introducidos en la nueva ordenanza de movilidad ciclista de Valladolid, que será debatida y previsiblemente aprobada en el Pleno de la próxima semana. Según el PSOE, las modificaciones impulsadas por Vox con el apoyo del Partido Popular suponen "un retroceso intolerable" y una "indecencia" que, lejos de fomentar la convivencia, "persiguen" a los ciclistas y a los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP).

En un comunicado recogido por TRIBUNA, los socialistas aseguran que esta nueva normativa "restringe derechos básicos de movilidad" y representa una "marcha atrás" en el impulso a los medios de transporte sostenible. Asimismo, acusan al equipo de Gobierno de actuar de espaldas a los técnicos municipales y de ignorar la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declaró nula la ordenanza municipal aprobada en 2023 por vulnerar derechos fundamentales al limitar el uso de carriles reservados para autobuses, taxis y bicicletas.

Entre los cambios más polémicos, el PSOE destaca la nueva limitación horaria para circular en bicicleta por algunas de las principales calles peatonales de la ciudad. La ordenanza vigente permite el tránsito entre las 22.00 y las 8.30 horas, mientras que la nueva normativa restringe aún más ese margen, limitándolo de 23.00 a 7.00 horas. "Llegan incluso al absurdo de prohibir circular por ciertas calles y permitirlo por otras justo al lado", criticaron, calificando la medida como una norma "sin lógica" que convierte la ciudad en un "laberinto regulatorio".

Otra de las novedades más criticadas es la obligatoriedad permanente del uso de prendas o elementos luminosos y retrorreflectantes para ciclistas, sin limitarse a horarios nocturnos. "Esta imposición es innecesaria y tendrá consecuencias negativas para los usuarios", advirtieron.

El PSOE también rechaza la eliminación del artículo 24 de la actual ordenanza, que regulaba la circulación de ciclos y VMP de alquiler privado con fines turísticos o de ocio. Para los socialistas, su supresión es un "despropósito" que resta claridad normativa y puede generar vacíos legales en este tipo de actividades.