El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado, mediante la Sentencia nº 902 de 17 de julio de 2025, la autorización ambiental concedida por la Junta para ampliar una macrogranja porcina en Cogeces del Monte, en la comarca vallisoletana de La Churrería. Esta decisión llega apenas un mes después de que el mismo tribunal anulara una ampliación similar en el municipio vecino de Bahabón.

La sentencia concluye que la Administración autonómica no ha tenido en cuenta la elevada contaminación por nitratos del acuífero del Páramo de Cuéllar, que abastece a una veintena de pueblos de la comarca. Desde 2003, esta zona está declarada oficialmente vulnerable a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrícolas y ganaderas, lo que obliga a abastecerse de agua potable desde un manantial de Segovia.

Las dos explotaciones afectadas por estas resoluciones judiciales generarían más de 20.000 toneladas de purines al año, que se esparcirían sobre los suelos de la comarca, agravando el problema de contaminación. Además, emitirían al aire 100 toneladas anuales de amoniaco y metano, gases que contribuyen a la formación de partículas contaminantes, al ozono y, en el caso del metano, al cambio climático.

El TSJ considera probado que en la zona denominada ZV-CH (zona vulnerable de La Churrería) existen 19 explotaciones ganaderas con autorización ambiental, pero ninguna mención a ellas se ha hecho en el estudio de impacto ambiental de la ampliación ahora anulada. Según la sentencia, no se ha valorado el impacto acumulativo ni sinérgico de todas estas explotaciones, como exige la normativa vigente.

Además, se cita un informe pericial que recuerda que una masa subterránea de agua debe ser considerada como una unidad indivisible, por lo que su estado ecológico debe protegerse en su conjunto, sin limitarse a los límites municipales. También se ignoró un informe similar del propio Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid.

La Churrería es una de las seis zonas vulnerables por nitratos de la provincia de Valladolid, junto a los páramos de Esgueva y Torozos, el acuífero de los Arenales, y las comarcas de Medina y Tordesillas. Estas áreas abarcan 111 municipios, más de la mitad de la superficie provincial. La causa principal de la contaminación es el exceso de fertilización de los cultivos.

En los últimos años, la situación ha empeorado con la proliferación de macrogranjas porcinas y avícolas, cuyos residuos se vierten en los terrenos de estas zonas. Solo en La Churrería, que cuenta con dieciséis municipios y 580 kilómetros cuadrados, hay una veintena de explotaciones con autorización ambiental, siete de ellas concentradas en Cogeces del Monte.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que la Junta de Castilla y León y los responsables del Partido Popular se han puesto "al servicio de la ganadería industrial", sacrificando la calidad del aire y del agua. Recuerdan que en 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a España por la grave contaminación de las aguas subterráneas, incluyendo regiones de Castilla y León.

La organización ambiental reclama a la Junta la denegación de autorizaciones para nuevas macrogranjas en zonas vulnerables, como establece el nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero, que prohíbe nuevas concesiones de agua para estas explotaciones.

Finalmente, piden que el Ejecutivo regional asuma un debate serio sobre el modelo agroganadero, apostando por la ganadería extensiva y la agricultura ecológica, en lugar de seguir impulsando un sistema intensivo que perjudica al medio ambiente, a la salud pública y a los pequeños productores de Castilla y León.