El pleno del Congreso del pasado 9 de julio ha marcado un punto de inflexión en la ya tensa situación política que vive España. Lo que debería haber sido una jornada parlamentaria centrada en los asuntos que preocupan a los ciudadanos —la economía, la sanidad, el empleo o la educación— se convirtió, una vez más, en el reflejo de una política atrapada por los escándalos y la falta de respuestas claras.

La corrupción ha vuelto a golpear las filas del Partido Socialista, y la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dista mucho de estar a la altura de la gravedad del momento. En lugar de asumir responsabilidades, ofrecer explicaciones convincentes o facilitar la transparencia, el jefe del Ejecutivo ha optado por una estrategia de resistencia personalista y calculada, donde los intereses del partido y del poder parecen primar sobre el deber institucional.

La reciente situación procesal de Santos Cerdán —una figura clave del entorno socialista— y su ingreso en prisión, han encendido todas las alarmas. Ya no se trata de rumores, filtraciones o insinuaciones políticas. Hablamos de hechos judiciales que requieren una respuesta clara, inmediata y contundente. Sin embargo, el silencio o la ambigüedad siguen siendo la tónica en Ferraz.

La posición del Partido Popular, encarnada en la contundente intervención de Alberto Núñez Feijóo, puso sobre la mesa no solo las dudas sobre la honorabilidad del Gobierno, sino también el hartazgo de buena parte de la sociedad. Aunque el tono fue duro, respondió al clamor de muchos españoles que no entienden cómo se puede seguir gobernando sin dar explicaciones sobre casos tan graves.

Preocupa especialmente el papel de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, afirmó sin rubor que "si solo son tres casos de corrupción, seguiremos apoyando al Gobierno". Una declaración que, además de cínica, revela hasta qué punto la aritmética parlamentaria ha sustituido al principio ético. Por su parte, el PNV guarda silencio. Sorprende que la misma formación que tumbó al presidente Rajoy por un escándalo de corrupción mucho menos extendido hoy se muestre impasible ante la deriva del Gobierno de Sánchez.

El PSOE se enfrenta a un deterioro acelerado de su imagen pública y de su credibilidad. La corrupción no solo mancha a quienes la cometen, sino también a quienes la encubren, la minimizan o la utilizan como moneda de cambio política. El daño institucional que puede derivarse de todo esto será difícil de revertir si no se actúa con honestidad, valentía y visión de país.

España necesita liderazgos que hablen claro, que asuman responsabilidades y que antepongan el interés general al cálculo electoral. El descrédito de la política es uno de los mayores riesgos para la salud democrática. Y cada día que pasa sin explicaciones ni consecuencias, se ahonda más esa herida.