Una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo obliga al Ayuntamiento de Laguna de Duero a publicar la declaración de bienes de un exalcalde y fundador de Independientes por Laguna, que durante años fue ocultada al público, a pesar de lo que establece la legislación autonómica y estatal sobre buen gobierno.

La declaración nunca fue publicada en el portal de transparencia, ni puesta a disposición ciudadana, en contra de lo que exige la normativa. Al constatar esta omisión, la Asociación Vecinal La Calle solicitó formalmente el acceso a la información, pero recibió negativas tanto del propio exalcalde como del equipo de gobierno y de los servicios jurídicos municipales. Ante esta situación, La Calle acudió primero al comisionado de Transparencia y después a los tribunales.

El pasado 5 de junio, el juzgado emitió una sentencia firme que reconoce el derecho ciudadano a conocer esta información, declara que la actuación del Ayuntamiento fue contraria a Derecho y obliga a publicar de forma íntegra y actualizada la declaración de bienes solicitada.

La sentencia sienta un precedente clave en materia de transparencia, al dejar claro que existió una voluntad política de ocultar datos públicos que permiten a la ciudadanía controlar posibles conflictos de intereses, la evolución patrimonial y las compatibilidades de sus representantes.

"No se trata de un trámite burocrático", subrayam desde La Calle. "Se trata de proteger la confianza pública en las instituciones. Cuando un ciudadano tiene que acudir a los tribunales para que se cumpla la ley, el sistema ha fallado. Y eso exige respuestas contundentes".

Tanto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como diferentes organismos garantes del derecho a la transparencia han dejado claro que el acceso a las declaraciones de bienes y actividades no vulnera la legislación vigente. Aunque están sujetas a regulación, no contienen información sensible, sino datos sobre patrimonio y actividades con posible generación de ingresos para el cargo público.

En este caso, ni el Ayuntamiento ni el exalcalde han aportado motivos jurídicos específicos para restringir el acceso, más allá de la oposición personal del afectado y el hecho de que ya no ocupa el cargo. Sin embargo, la justicia ha determinado que el interés general prevalece y que la Ley de Transparencia y la Ley Orgánica de Protección de Datos amparan legalmente la publicación de esta información.

Desde la Asociación Vecinal La Calle exigen ahora el cumplimiento inmediato de la sentencia y la publicación de la declaración de bienes, la depuración de responsabilidades políticas y administrativas por los hechos y la implantación urgente de un protocolo que garantice el control y la publicación automática de estas declaraciones, tal y como establece la ley.