Asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración frente al Ministerio de Justicia para este sábado y han anunciado tres días de huelga (los días 1, 2 y 3 de julio) si no se retiran los proyectos legislativos que reforman el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal.

En un comunicado que firman las cinco asociaciones que el pasado 11 de junio llevaron a cabo un paro de 10 minutos en protesta por las reformas judiciales emprendidas por el Ministerio de Justicia, llaman ahora a una huelga de tres días "en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos", recoge EFE.

Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga, señalan.

Esta convocatoria está secundada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).  

Para estas cinco asociaciones, las reformas legislativas "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal".

El calendario de movilizaciones ha sido adoptado por las asociaciones después de consultar a sus bases, que mayoritariamente han apoyado dichas protestas. Consideran que son unas medidas "legítimas, responsables y proporcionadas" .

Las cinco asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal, han acordado estas medidas tras el masivo seguimiento del paro en toda España del pasado 11 de junio y la firme respuesta de las carreras judicial y fiscal frente a las reformas legislativas actualmente en tramitación.

Urgen a la retirada del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Consideran que estas reformas contienen medidas "altamente perjudiciales" por afectar "gravemente" a la independencia judicial, no responden a una verdadera demanda social y no contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, "incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho".

En cuanto a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, creen que supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas. Sostienen que se dan pasos atrás, al incrementar injustificadamente el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.