Desde la Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Dependencia (ASADE) manifiestan su profunda preocupación por la interpretación que, desde algunas administraciones y órganos de control, se hace respecto a los criterios de valoración de los concursos públicos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), especialmente a raíz de las conclusiones extraídas del reciente informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León.

El documento, publicado en septiembre de 2024 y que fiscaliza los contratos adjudicados por diversas diputaciones provinciales en 2023, alerta sobre una supuesta falta de objetividad en la aplicación de los criterios técnicos o de calidad, cuestionando incluso la conveniencia de incluirlos en los pliegos. A la vez, subraya que algunos concursos se resuelven únicamente aplicando fórmulas matemáticas basadas en el precio más bajo, eliminando los juicios de valor.

Frente a esta visión reduccionista del proceso de contratación, ASADE plantea una reflexión de fondo: ¿se quiere un SAD que simplemente cumpla con los mínimos legales o uno que realmente mejore la vida de las personas?

El SAD no puede seguir concibiéndose como un conjunto de tareas estandarizadas y mínimas. Es una herramienta transformadora que permite a las personas vivir en su entorno con apoyo, dignidad y autonomía. El uso de criterios técnicos en los procesos de contratación no solo es legal, sino imprescindible para garantizar un servicio público de calidad.

UN SERVICIO ESENCIAL, CON y PARA LAS PERSONAS, NO PUEDE MEDIRSE SOLO EN EUROS

El SAD es una prestación pública que permite que decenas de miles de personas mayores, dependientes o con necesidades específicas sigan viviendo en su hogar con dignidad, autonomía y seguridad. Su valor no se limita a las horas de atención ni al cumplimiento de funciones básicas como la higiene o el mantenimiento del hogar. Va mucho más allá. Supone una red de apoyo humano, social y emocional que lucha contra la soledad no deseada y fomenta la inclusión y la participación comunitaria.

Reducir la adjudicación de este servicio al precio más bajo es, en la práctica, convertir la calidad en un lujo prescindible. Y eso es inaceptable.

RENUNCIAR A LOS PROYECTOS TÉCNICOS ES RENUNCIAR AL CONOCIMIENTO y A LA INNOVACIÓN

El informe del Consejo de Cuentas señala que, si el servicio que se presta es el mismo para todos, no tendría sentido otorgar mayor puntuación a una memoria técnica o proyecto, al considerar que no hay margen para aportar mejoras significativas. Este planteamiento parte, sin embargo, de una premisa errónea: que todas las empresas licitadoras son iguales, que tienen las mismas metodologías, los mismos recursos humanos y técnicos, y que ofrecen el mismo modelo de atención. Y no es así.

Valorar técnicamente las propuestas es valorar la capacidad, experiencia, innovación y compromiso de las empresas que prestan el SAD. Es dar espacio al conocimiento acumulado, a las buenas prácticas, a la tecnología aplicada al cuidado y a los modelos de atención centrados en la persona. Es apostar por un servicio que evoluciona, que se adapta a los nuevos retos demográficos y que se construye en alianza con las administraciones desde una lógica de colaboración público-privada.

LOS DATOS LO DEMUESTRAN: DONDE NO HAY CALIDAD, MANDA EL PRECIO

Según sus análisis, basados en 1.736 licitaciones de SAD publicadas en los últimos cinco años a nivel nacional, cuando no se valora el proyecto técnico, el 99,57% del presupuesto termina adjudicándose al licitador más barato.

Es decir, en ausencia de criterios cualitativos diferenciadores, la competencia se reduce al precio y eso, inevitablemente, conduce a una pérdida de calidad. Esto no es una opinión. Es una realidad constatable que debería preocupar a todos.

LA LEY ES CLARA: DEBE PRIMAR LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a aplicar una pluralidad de criterios, siendo la calidad un factor que debe representar al menos el 51% de la puntuación total. No exige que estos criterios sean únicamente objetivos o matemáticos. Permite, y de hecho fomenta, la evaluación mediante juicios de valor, siempre que se realicen con transparencia, justificación y rigor técnico.

Además, la ley reconoce como criterios cualitativos válidos aspectos como, la cualificación y experiencia del personal, las características técnicas y sociales del servicio, la innovación tecnológica o el impacto en la inclusión social y la sostenibilidad.

APOSTAR POR LA CALIDAD ES TAMBIÉN APOSTAR POR LAS PERSONAS TRABAJADORAS

No se puede olvidar que detrás del SAD hay más de 10.000 profesionales en Castilla y León, en su mayoría mujeres, que cada día cuidan, acompañan y sostienen a más de 40.000 personas usuarias. Valorar adecuadamente los proyectos técnicos también significa incentivar condiciones laborales más dignas, políticas de formación continua, medidas de conciliación y estabilidad en el empleo. Elementos que no se pueden incluir ni valorar únicamente con cifras.

UN LLAMAMIENTO AL SENTIDO COMÚN Y AL COMPROMISO INSTITUCIONAL

Desde ASADE apelan a todas las administraciones públicas para que hagan una lectura integral de la normativa y de la responsabilidad que implica gestionar servicios esenciales como el SAD. Piden que no cedan a la tentación del cortoplacismo presupuestario ni al simplismo tecnocrático que reduce la licitación pública a una subasta.

Quieren recordar que el objetivo del SAD no es solo prestar un servicio, sino mejorar vidas. Y eso exige medir no solo el coste, sino el valor.

Sobre ASADE

La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) es la principal organización patronal en España que agrupa a las entidades líderes del sector de la atención domiciliaria. Desde su fundación en 2014, ASADE trabaja por la profesionalización, calidad y sostenibilidad de los servicios de atención a las personas mayores y dependientes, promoviendo modelos de colaboración público-privada y defendiendo los derechos de los trabajadores del sector. Con cerca de 20 empresas asociadas que dan empleo a más de 60.000 profesionales y representan un 60% del sector, ASADE desempeña un papel clave en la negociación colectiva, el diseño de normativas y la mejora continua de los servicios de cuidado en el hogar.

ASADE forma parte de foros e instituciones como la CEOE, alianzAS, el IMSERSO y la Mesa de Diálogo Social de Dependencia, y colabora activamente con administraciones públicas y privadas para garantizar un modelo de atención accesible, justo y profesional. Su compromiso se centra en garantizar que la atención domiciliaria sea reconocida como un derecho esencial, respaldado por una financiación adecuada y criterios de calidad en la prestación de servicios.

Empresas asociadas: ACCENT SOCIAL, ARALIA, AC SERVICIOS, ARQUISOCIAL, ASISPA, ATENDE, ATTENDE, ASISTENZIA, AZVASE, CLECE Servicios Sociales, DOMUSVI, EULEN Sociosanitarios, OHLA SERVICIOS INGESAN, ÓBOLO, SANIVIDA, SENIOR Servicios Integrales, SERVEO, SON A TÚA AXUDA, UNIGES-3 y ZAINTZEN.