Las acusaciones y la defensa han pactado una pena de dos años de prisión para un agente de seguros, José María O.U., quien padece ludopatía, por un delito continuado de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, cometido al quedarse con 135.000 euros de pólizas.

La vista oral se iba a celebrar este lunes, 2 de junio, en la Audiencia Provincial de Valladolid, aunque el acuerdo entre las partes ha hecho innecesaria la práctica de la prueba.

El magistrado presidente ha adelantado in voce el fallo de la sentencia que, ademas de los dos años de prisión, incluye el pago de una multa de 540 euros - seis meses a razón de tres euros al día - y el abono de una indemnización de 135.000 euros.

Además, se ha convenido la suspensión de la ejecución de la condena de prisión por un periodo de cuatro años, siempre y cuando el procesado no vuelva a delinquir en ese tiempo, comunique a la Audiencia si cambia de domicilio y permanezca en tratamiento de la ludopatía que le aqueja.

El fallo considera la ludopatía del encausado como circunstancia eximente incompleta.

Los hechos ocurrieron cuando el procesado desarrollaba su actividad como agente de seguros en una oficina de la calle Bailén de Valladolid luciendo la rotulación con la marca y publicidad de la entidad Bilbao Seguros S.A..

Por su actividad, percibió personal y directamente de clientes de la entidad aseguradora cantidades correspondientes a supuestos seguros por el concretados, cantidades que los clientes entregaban por la confianza de contratar con la querellante, Bilbao Seguros S.A.

El encausado confeccionaba documentos mercantiles manipulados para dar apariencia de veracidad a las operaciones y para justificar la percepción de las cantidades que no liquidaba a la entidad querellante, ya que se quedaba con ellas.

Las irregularidades fueron detectadas y comunicadas al acusado el 11 de mayo de 2921 y el 31 de marzo de 2022, siendo reconocidas y asumidas por el procesado, que firmó sendos reconocimientos al efecto.

Ello provocó la reclamación de los clientes, que tuvo que afrontar la entidad querellante, que cuantificó su quebranto económico en 135.912 euros.

El acusado se encuentra diagnosticado de ludopatía o juego patológico, con especial adicción a las máquinas tragaperras, lo que afectaba a sus facultades volitivas, que se hallaban por ello disminuidas respecto a la comisión de los hechos.