"La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

... Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico".

Los párrafos que preceden no son palabras mías ni de ningún partido de la oposición. Pertenecen al preámbulo de la Ley 19/2013. Por tanto, han sido aprobados por las Cortes. No voy a detenerme a comentarlos. Solamente quiero que al leerlos pensemos en las explicaciones que se nos han dado respecto a la Dana de Valencia o sobre el apagón del día 28 o sobre el indulto de los responsables de los ERES. Si buscamos información sobre estos problemas mejor es que apaguemos el televisor cuando hay una rueda de prensa o cuando un político aparece para supuestamente darnos información. Cuando un periodista formula una pregunta al político informante en esa rueda de prensa, lo normal es que el político "se salga por la tangente".

Además, curiosamente, ese mismo preámbulo dice que la transparencia de los poderes públicos favorece el crecimiento económico. Por tanto, a cero transparencia cero crecimiento económico. Y si a pesar de cero transparencia se da crecimiento económico, puede ser que se deba a otras causas distintas a las decisiones de los poderes públicos.

El derecho a la información se encuentra establecido en el art. 20 de la Constitución española. Y si no informar a los ciudadanos es algo inconstitucional, también lo es dar información parcial, y mucho peor dar expresamente información sesgada. Y no basta con dar información en el momento de la catástrofe. Cuando la falta de información conlleva vidas humanas o incluso ingentes pérdidas materiales, alguien debe cargar con las responsabilidades penales, y no sólo políticas, por no haber dado información previa que hubiera podido evitar la catástrofe. Que los torrentes de la región del Mediterráneo podían y pueden nuevamente verse desbordados era y es cosa sabida. Que podía y puede ocurrir de nuevo un apagón total había sido ya anunciado por los técnicos. ¿Se piensa tomar alguna medida preventiva?

Pues bien, Si, por un lado, los poderes públicos están obligados a la transparencia, los ciudadanos tenemos derecho a estar informados. Y actualmente ni se da información, ni existe transparencia.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? En una partitocracia -dictadura de los partidos políticos-, como la que gobierna en España y en otros países de la Unión Europea, donde los ciudadanos somos tratados como si fuéramos retrasados mentales a los que se puede engañar con un simple chascarrillo, es poco lo que podemos hacer. Pero hay alguien que sí puede hacer algo: la Comisión Europea, tanto más cuando se trata de derechos fundamentales o de asuntos que afectan a varios países de la UE o de temas que pueden tener relación con fondos europeos. 

La Comisión Europea, en cuanto guardiana de los tratados de la UE, no sólo puede, sino que debe cuidar de que se respeten en los países de la Unión los valores democráticos y los derechos fundamentales y exigir de los gobiernos de los Estados miembros que previamente se tomen las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir catástrofes como las dos últimas de España.