El Grupo Provincial Socialista propone que se elimine la obligatoriedad que tienen los ayuntamientos locales, por parte de la Junta de Castilla y León, de comprar vivienda pública. Tras recabar el posible interés de los consistorios al respecto, los socialistas consideran que "las políticas públicas de alquiler social o de venta de viviendas a precios asequibles por los colectivos más desfavorecidos de nuestros pueblos son imprescindibles y muy necesarias, si nuestro objetivo es mantener población y que no se vacíen nuestros municipios".

Sin embargo, piensan que estas medidas "deben tener en cuenta las posibilidades reales de los ayuntamientos". "No todos los municipios tienen las mismas necesidades y no todos cuentan con los mismos recursos para atenderlas", explican. De hecho, aseguran que esta iniciativa plantea "un gran problema para los pueblos con menor población y menores recursos, que es la obligación planteada por la Junta de Castilla y León de la adquisición del 50% de las viviendas que no se vendan en un plazo de tres años por los ayuntamientos que accedan a este plan".

Para el portavoz, Francisco Ferreira, "son precisamente los municipios menos poblados, aquellos con poblaciones inferiores a 2.000 habitantes, los más interesados en este tipo de medidas que puedan fijar o atraer población". Por esa razón, considera que "no es realista pensar que un ayuntamiento de estas características pueda plantearse acceder a esta iniciativa con estas condiciones".

"Si el objetivo es luchar contra la despoblación en municipios que verdaderamente padecen este problema, con esta solución no estaríamos logrando nada efectivo, simplemente meter a los ayuntamientos en un verdadero problema económico y de financiación", sentencia Ferreira.