La Diputación de Valladolid aprobó este viernes los presupuestos para 2025, con un incremento del 12,1% respecto al año anterior, alcanzando una cifra récord de 175,4 millones de euros. El proyecto recibió el apoyo de los 14 diputados del PP, la abstención del único representante de Toma la Palabra (TLP), y el voto en contra de los 10 del PSOE y los dos de Vox.

Durante el debate, la procedencia de los ingresos fue un punto central de controversia. Los grupos del PSOE y TLP atribuyeron el aumento de las cuentas al incremento de los fondos del Gobierno central, mientras que el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, defendió que estos ingresos provienen de los impuestos de los ciudadanos y criticó que el Estado les esté quitando dinero a los más pobres.

Alonso explicó que el aumento de los presupuestos también se debe a la venta de una parcela en Villa del Prado, a préstamos y a ingresos extraordinarios de fondos de la Unión Europea. La principal partida se destina a los ayuntamientos, que recibirán más de 65 millones de euros. Aunque se aceptó una enmienda de TLP para mejorar las escuelas rurales, se rechazaron la mayoría de las enmiendas presentadas por los demás grupos.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y Alonso defendieron los presupuestos como una herramienta para mejorar la calidad de vida en la provincia. A pesar de no tener certeza sobre las transferencias del Estado para 2025, argumentaron que el proyecto es prudente y está comprometido con el desarrollo económico, la tecnología y el medio ambiente.

El PSOE, liderado por Francisco Ferreira, criticó los presupuestos como irreales y repetitivos, señalando un bajo nivel de ejecución en años anteriores. Acusaron al equipo de Gobierno de enfocarse en marketing y gastos superfluos, y de no gestionar adecuadamente los fondos disponibles.

Vox, representado por Mario de Fuentes, también expresó su desacuerdo, calificando los presupuestos de "socialdemócratas" y cuestionando la falta de prioridad a servicios esenciales. Propusieron diversas enmiendas que fueron rechazadas, enfocadas en transparencia y apoyo a sectores vulnerables.

Julio Pereda, de TLP, criticó el modelo de gestión del equipo de Gobierno y el clientelismo asociado a las subvenciones nominativas. Aunque una de sus enmiendas fue aceptada, resaltó la necesidad de cambios estructurales para solucionar problemas de despoblación y mejorar la calidad de vida en los pueblos.