El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, ha comparecido este miércoles  en una rueda de prensa para reclamar, en el nombre del Ayuntamiento de Valladolid, 5.955.480,31 euros al Gobierno de España en concepto de daños y perjuicios debido a las 3.128 reclamaciones que los vallisoletanos en relación al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Estas demandas contra el Consistorio vienen desde 2017 y apela a la Responsabilidad Patrimonial del Estado para una ley que desde la alcaldía consideran que está "mal regulada". La cantidad total devuelta asciende a casi seis millones de euros con los intereses, a la que hay que sumar los gastos de personal que se han destinado para las más de 3.000 reclamaciones, lo cual, según el concejal, "tiene un notable impacto en las arcas públicas".

La reclamación se encuentra en la fase inicial, una demanda administrativa que ya se ha presentado al Consejo de Ministros de España. Aunque el pago de esta cantidad no es de obligado cumplimiento según la ley, el Ayuntamiento de Valladolid confía en que el Gobierno Central ofrezca soluciones o una remodelación de una norma que, en palabras de Blanco, "está trayendo inseguridad y limitando las acciones de muchos Ayuntamientos". Otras alcaldías, como las de Madrid y Salamanca, ya se encuentran en una segunda fase, judicial, de la misma demanda.

Un nuevo modelo de financiación local

Blanco ha querido focalizar que tanto en mayo de este 2024 como en noviembre de 2021 han presentado una moción en la que pedía al Gobierno Central una nueva ley de financiación local que las asegure recursos para cumplir con sus servicios ya que para él "no es lógico que siempre se debata sobre la financiación autonómica y no se proponga una nueva ley de financiación local".