La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la licitación de un contrato para el servicio de asesoramiento en derecho de familia para aquellas con escasos recursos a través de los Centros de Acción Social (CEAS), al que se destinarán 23.958 euros en los próximos tres años.

El servicio consistirá en el asesoramiento a CEAS en dos modalidades de atención. La primera, destinada a usuarios derivados por el personal técnico de los Servicios Sociales Municipales, incluye la información sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía, así como las consecuencias jurídicas derivadas de los actos o negocios jurídicos que las personas físicas pueden realizar y todas aquellas actuaciones extrajudiciales que se consideren necesarias para la atención integral de la persona beneficiaria, redacción de solicitud de medidas previas, auxilio en la redacción de escritos, información y solicitud de justicia gratuita, etc.

Además, también incluye el asesoramiento jurídico a personal técnico municipal, sobre las materias anteriormente señaladas u otras que pudieran surgir en su responsabilidad y desempeño profesional, se realizará a través de consultas telefónicas o presenciales con el personal técnico del Servicio de Intervención Social.

A su vez, también contempla el servicio de asesoramiento y atención a personas susceptibles de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y que que estén empadronadas en la ciudad de Valladolid. Además, su situación personal y económica debe cumplir las siguientes condiciones: que la estimación inicial del Pasivo no supere la cantidad de 5.000.000 de euros; que, en los diez años anteriores, no hayan sido condenados mediante sentencia firme por delito contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores; que, en los cinco últimos años, no hubiera alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos con los acreedores, hubiera obtenido la homologación judicial de un acuerdo de refinanciación o hubiera sido declarada en concurso de acreedores y que no esté negociando un acuerdo de refinanciación o se haya admitido a trámite una solicitud de concurso.