La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) denuncia que la implantación del nuevo modelo de Registro Civil en Valladolid a partir de la la próxima semana se pretende llevar a cabo sin reforzar la plantilla, a pesar de que va a generar más trabajo. "Como siempre ocurre en el Ministerio de Justicia, se quiere hacer el cambio a coste cero, es decir, a costa de los funcionarios y de los ciudadanos, que van a ver resentido y deteriorado el servicio", apuntó el responsable de Justicia de Csif de Castilla y León, Juanjo Banciella.

Un comunicado del sindicato recogió que el Ministerio quiere aplicar un sistema diferente para llevar el registro civil de cada ciudadano, a través del nuevo programa informático Dicireg pero sin negociar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) con las organizaciones sindicales. Tampoco se clarifican las funciones de los trabajadores, no se establece un marco competencial claro ni se dota del refuerzo de personal necesario, "fiándose todo a la improvisación y a la responsabilidad" de los propios funcionarios, lamentó Banciella, cuando "sabemos que la adaptación y modernización del modelo generará retrasos en el tiempo medio de realización de las gestiones de los ciudadanos".

No en vano, Csif subrayó que el trabajo del Registro Civil de Valladolid se va a ver incrementado, al convertirse los Juzgados de Paz de su partido judicial en meras oficinas colaboradoras. Es por ello que criticó la "indefinición" en la que quedan sus funcionarios, con unos medios tecnológicos "muy deficientes", y la falta de formación y de reconocimiento "adecuados".

El sindicato independiente explicó que este cambio en los registros civiles forma parte de la implantación efectiva de una Ley que se aprobó en el 2011, pero que se ha visto postergada hasta el 2021, "llegando tarde y mal". Pese a que el Gobierno decidió sacar adelante la ley, lo ha hecho sin un nuevo reglamento. Esta circunstancia provoca una enorme inseguridad jurídica. Entre otras razones, porque se debe seguir aplicando un reglamento obsoleto que es del año 1958.

Además, recordó que la Sala de Gobierno del TSJ ha solicitado que se aumente la plantilla del Registro Civil en Valladolid pero el Ministerio mira para "otro lado y está dando la callada por respuesta", además de considerar que trata al Registro Civil de Valladolid como uno "de segunda, puesto que otros registros civiles de características similares han visto sus plantillas reforzadas con la implantación del programa Dicireg".

"No es la primera vez que no se aprueban refuerzos para órganos judiciales de Valladolid, cuando está plenamente justificado", insistió. En este sentido, puso los ejemplos de la situación de "colapso" que viven los Juzgados de Familia o a la "inaudita" situación del Juzgado de Primera Instancia 5 de Valladolid, que lleva más de seis meses sin cubrir la baja de un funcionario.