Las organizaciones ARBA, Asamblea Ciclista de Valladolid, Asociación La Curva, Asociación Ciudad Sostenible, Ecologistas en Acción, FAPAVA, Federación de AAVV Antonio Machado, Greenpeace y STECyL han presentado sugerencias en forma de respuesta a la derogación de la Ordenanza de Movilidad que pretende el alcalde, Jesús Julio Carnero. "La eliminación de los carriles bici supondría un retroceso en la promoción de modos de movilidad alternativos y no contaminantes, así como en la calidad del aire, lo que afectaría negativamente la salud de los ciudadanos", advierten. Consideran, además, que suprimir estos carriles sería una medida regresiva y perjudicial para la salud y la calidad del aire en la ciudad.

Alarmados por los datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid y el Instituto de Salud Global de Barcelona, que estiman entre 200 y 300 personas mueren cada año en Valladolid debido a la contaminación del aire, presentaron una alegación al Ayuntamiento sobre los posibles efectos negativos de estas medidas en la salud, cambio climático y espacios públicos.

Las organizaciones hacen hincapié en que la movilidad motorizada es una de las principales causantes de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero en la ciudad. En este sentido, argumentan que "Valladolid requiere menos coches en sus calles y más espacios destinados a la circulación de peatones, ciclistas y transporte público", por lo que contemplarán tomar medidas en caso de que el Ayuntamiento rechace sus alegaciones.

Cabe recordar que los 11 km de carriles bus-taxi y los 25 km de carriles bici que, según estas asociaciones, pretenden suprimir, fueron habilitados en julio de 2020 como parte de iniciativas para mejorar la calidad ambiental, en línea con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura de Valladolid y el Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la ciudad.

Las organizaciones también expresan su preocupación acerca de la posible pérdida de fondos europeos destinados a la mejora de la movilidad ciclista y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valladolid, exigiendo, en caso de no destinarse a sus fines iniciales, la devolución de más de 6 millones de euros, según los cálculos de las asociaciones, ya concedidos y un grave perjuicio para las arcas municipales.

Aunque no hay plazo de respuesta a las sugerencias, el Consistorio tiene la obligación de responder porque es, a juicio de Ecologistas en Acción, "la única oportunidad que tendrá la ciudadanía de expresar acuerdo o desacuerdo con esta medida".