JUAN CARLOS DE MARGARIDA, Presidente
Colegio Economistas Valladolid, Palencia y Zamora (ECOVA)

El verano ha terminado y los meses de septiembre y octubre, tan temidos antes del periodo estival, han llegado. La guerra en Ucrania sigue provocando estragos a nivel socio económico, cuyas consecuencias ya venimos notando en nuestro país. El flujo de gas proveniente de Rusia está en constante disminución hacia el resto de Europa, lo que ya ha provocado que se traten de establecer medidas para mitigar esa necesidad. Una de ellas, la cual lleva resonando todo el verano, aunque no es novedad, es el denominado MidCat, un gasoducto que está enfrentando y dividiendo a las principales potencias europeas y que se está convirtiendo en un verdadero "juego de tronos" para España y Francia.

Este proyecto trata de transportar gas desde nuestro país hacia el norte de Europa, algo que defienden con ímpetu España y Alemania, pero que parece no ser del agrado de Macron. Uno de los principales frenos es su coste, que asciende a 370 millones de euros para España y unos 3.000 millones para Francia, ya que es el coste de la inversión para conectar la tubería hasta la frontera francesa y posteriormente reforzar las conexiones gasísticas con el resto de Europa.

Si a esto le sumamos que la UE ha rechazado financiar el gasoducto, al entender que no tienen los estudios y datos necesarios para avalar la viabilidad del proyecto, podemos preguntarnos si realmente estamos poniendo todos los medios y recursos necesarios encima de la mesa para controlar unos meses que se prevén nada halagüeños.

La UE tiene infraestructura para supervisar este tipo de inversiones. Es más, es en estos casos cuando realmente una UE sólida y fuerte debe hacer frente a un problema acuciante que puede ser mitigado, de manera parcial, con impulso a los Estados Miembros a través de fuentes de financiación que permitan llevar a buen término proyectos inacabados como MidCat. Bien es cierto que este tipo de proyectos requieren de un consenso y tomar una decisión equivocada no favorece internamente a la UE ni de cara al exterior al ofrecer una imagen de división y confrontación, cuando la realidad requiere todo lo contrario.

La guerra, que pasa ya por ser una guerra energética, ha hecho que la cotización del gas se dispare más de un 400% en el último año, una cifra desorbitante que están notando las economías españolas, las cuales afrontan los meses posteriores al verano con incertidumbre y pocos visos de ahorro, con una inflación en agosto del 10,5%, siendo la energía y electricidad una de las principales variables cuyos precios están en constante aumento.

Por ello, es urgente tomar medidas que permitan acelerar y garantizar el suministro de gas en España, así como al resto de la UE. Nuestro país está en el punto de mira ya que reexportarmos el 20% de todo el gas que llega, lo que convierte a España en un punto clave y de interés para el resto de Europa. El Ejecutivo tiene que actuar con responsabilidad de Estado y buscar socios preferentes en el resto de países que permitan cumplir con estos objetivos que, aunque sean a largo plazo, son la evolución hacia la autonomía necesaria en relación con el suministro de gas.

No debemos olvidar que una de las consecuencias que más podemos notar en Europa, dado el conflicto en Ucrania, es la falta de suministro de gas, cuestión que debe atajar el Gobierno central buscando alianzas internacionales, pero también siendo conscientes de que España es un país con una fuerte capacidad exportadora de gas y pieza clave que la UE debe tener en cuenta.