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El Gobierno mantendrá el IVA superreducido de las mascarillas hasta junio de 2022: “un esfuerzo que hacemos todos"
La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, agregó que esa reducción impositiva “significa” 88 millones de euros menos de recaudación para las arcas del Estado.
El Consejo de Ministros acordó este martes mantener el tipo de IVA superreducido del cuatro por ciento que actualmente se aplica sobre las mascarillas quirúrgicas hasta junio de 2022. Así lo anunció la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que consideró que se trata de un “acuerdo importante” que, dijo, refrenda un “compromiso” del Gobierno central que “tiene que ver con la economía de las familias” en relación a un elemento “que ha pasado a formar parte del uso habitual en nuestras vidas”.
Rodríguez advirtió de que este era “otro de los compromisos” que el Gobierno “quería mantener con las familias españolas” y, preguntada por la razón por la que esa prórroga del IVA superreducido no se amplía también a las mascarillas FFP2, se limitó a recordar el “consenso” que la medida concitó en su día entre las comunidades autónomas y que el “acuerdo” al que Gobierno central y autonomías llegaron fue el de la reducción del IVA de las mascarillas quirúrgicas, que son las que, puntualizó, “resultan obligatorias”.
La portavoz agregó que esa reducción impositiva “significa” 88 millones de euros menos de recaudación para las arcas del Estado y aseveró que se trata de “un esfuerzo que hacemos todos y que compartimos con la sociedad española” desde que en noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobase una rebaja del tipo impositivo de este elemento de protección del 21 al cuatro por ciento.
En paralelo, anunció que este “compromiso” se verá también “reforzado” con un “compromiso de apoyo” al sistema sanitario a través del mantenimiento, a partir del 31 de diciembre, de un tipo “reducido” del cero por ciento a la importación de material sanitario contra la Covid-19 destinado a centros sanitarios públicos y privados y a entidades sociales, que estimó en un valor de 225 millones de euros.
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