Cuatro acusados de crear empresas agrícolas para defraudar a la Seguridad Social en Valladolid

La Fiscalía solicita penas de hasta seis años y medio de prisión y una multa de 300.000 euros por una presunta trama que acumuló más de 105.000 euros de deuda

Cuatro acusados de crear empresas agrícolas para defraudar a la Seguridad Social en Valladolid
Audiencia Provincial de Valladolid.
Actualizada 3 min de lectura

 

Cuatro personas se sentarán el próximo jueves, 26 de noviembre, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valladolid acusadas de participar en una presunta trama de fraude a la Seguridad Social mediante la creación sucesiva de empresas dedicadas a trabajos agrícolas, con plantillas y actividades similares, para evitar el pago de las cotizaciones correspondientes.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Ical, los procesados son F.M.C., M. L., F.V.M. y M.R.M., para quienes el Ministerio Público solicita penas de tres años y nueve meses de prisión por un delito de fraude a la Seguridad Social.

Además, para F.M.C., considerado el presunto cabecilla de la trama, la Fiscalía reclama otros dos años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad documental. De esta forma, se enfrenta a una petición total de seis años y medio de prisión.

El fiscal también solicita una multa de 300.000 euros y una indemnización conjunta de 105.719 euros a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, en concepto de responsabilidad civil.

Empresas sucesivas para evitar el pago de las deudas

Los hechos investigados se remontan al periodo comprendido entre mayo de 2018 y mayo de 2021. Durante esos tres años, según sostiene la acusación, Fl.M.C., dedicado a la prestación de servicios agrícolas, habría organizado la creación de diferentes empresas con una actividad prácticamente idéntica y plantillas similares.

La Fiscalía considera que el acusado utilizaba a los otros tres procesados como titulares de las empresas, dándolos de alta como autónomos y empresarios individuales, mientras él continuaba ejerciendo como administrador de hecho de los negocios. El objetivo de este sistema habría sido evitar aparecer como deudor ante la Seguridad Social.

Según el Ministerio Público, cuando una empresa acumulaba deudas, cesaba su actividad o quedaba inactiva y los trabajos agrícolas continuaban desarrollándose bajo el nombre de otra sociedad o empresario individual. De esta manera, la acusación sostiene que se mantenía la misma actividad económica mientras se eludían las obligaciones pendientes con la Seguridad Social.

Cuatro empresas y decenas de trabajadores

La primera de las empresas investigadas fue dada de alta el 1 de mayo de 2018 en Medina del Campo, a nombre de M.R.M., y llegó a contar con una plantilla de 21 trabajadores. Posteriormente, en julio de 2019, F.V.M. fue dada de alta como empresaria individual, aunque su actividad cesó apenas tres meses después.

La tercera empresa figuró a nombre del propio F. M.C. entre noviembre de 2019 y mayo de 2021. Durante ese periodo tuvo 36 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

Por último, entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, M.L. apareció como titular de otra empresa dedicada a la misma actividad agrícola, que contó con una plantilla de 14 empleados. La Fiscalía sostiene que estas altas y ceses empresariales formaban parte de una misma estrategia para continuar prestando servicios sin afrontar las deudas acumuladas.

Acusado también de falsificar documentos de la Seguridad Social

Además del presunto fraude, el Ministerio Público atribuye a Florinel M.C. la elaboración de hasta 20 resoluciones falsas de alta en la Seguridad Social, hechos por los que solicita una condena adicional por falsedad documental continuada. El juicio estaba previsto inicialmente para el pasado 16 de abril, pero no pudo celebrarse en aquella fecha, por lo que la vista ha sido señalada nuevamente para el jueves 26 de noviembre en la Audiencia Provincial de Valladolid.

Los cuatro acusados deberán responder ante el tribunal por los hechos que les atribuye la Fiscalía, que mantiene su petición de penas de prisión y de restitución de las cantidades presuntamente defraudadas.

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