Creerse a salvo

Creerse a salvo
Juan González-Posada
5 min de lectura

Stefan Zweig escribió 'El mundo de ayer' en el exilio, entre 1939 y 1941, mientras veía derrumbarse por segunda vez la Europa que describía: culta, próspera, cosmopolita y segura de sí misma. Es una de las grandes obras de la literatura europea, y su lección más inquietante está en la confianza que precede al desastre. Nadie creyó que aquello pudiera ocurrir hasta que ocurrió.

El primer capítulo se titula 'El mundo de la seguridad'. En la Viena de su infancia, cuenta Zweig, todo tenía su póliza: la casa se aseguraba contra el incendio y el robo, el campo contra el granizo, el cuerpo contra la enfermedad. Lo único que nadie había asegurado era lo que iba a perderse: la paz, la libertad, la posibilidad de vivir juntos. Conviene recordarlo ahora, cuando en España y en media Europa vuelve a darse por hecho que la democracia se sostiene sola.

En 1942, el año en que apareció el libro de Zweig, William Beveridge, economista liberal y antiguo director de la London School of Economics, presentó al Gobierno británico el informe que sentó las bases del Estado de bienestar moderno: un seguro público contra la penuria, la enfermedad, la ignorancia, la insalubridad y el desempleo. La póliza que en aquella Viena era privilegio de quien podía pagarla se extendía ahora a todos. Beveridge simboliza desde entonces el nacimiento de una Europa basada en la protección social universal y la solidaridad institucionalizada.

Sobre las ruinas de 1945, Europa supo hacerse mejor. Aprendió que las libertades no sobreviven en la miseria y se dio instituciones para no recaer: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fijó límites que ninguna mayoría puede saltarse, y el proyecto de unidad europea. Socialistas, democristianos y liberales aceptaron que ciertas cosas no se discutían: se podían disputar el poder y las ideas, pero no las reglas que permiten disputarlos, ni la dignidad de quien los disputa. Aquel pacto no nació solo de las buenas intenciones, sino de la experiencia de la catástrofe. Fue, por fin, una póliza contra su repetición, y durante ocho decenios sostuvo la paz y la libertad en la Europa occidental.

España la suscribió tarde. La Constitución de 1978 definió el país como un Estado social y democrático de Derecho, y lo hizo sobre un legado propio: el reformismo de raíz krausista de la Institución Libre de Enseñanza, y el empeño de la Segunda República por formar ciudadanos educados y no súbditos obedientes. La democracia llegó tras cuarenta años de dictadura, también porque una amplia movilización social la reclamó durante años. La Transición dejó deudas pendientes, empezando por la memoria y la reparación de las víctimas del franquismo, pero fijó lo esencial: las diferencias se dirimirían en las urnas y conforme a normas compartidas.

Ese pacto se agrieta ahora, y no por accidente. La extrema derecha española combate la democracia sin declararlo: dice defenderla mientras trabaja desde dentro de las instituciones para vaciarlas. Su repertorio es conocido: el bulo como método, el adversario convertido en enemigo, los problemas atribuidos a quien menos puede defenderse, la dictadura franquista convertida en nostalgia. Su programa, también: entre otras cosas, negar la violencia machista, que la ley reconoce desde 2004, despachar como 'fanatismo' la emergencia climática que el propio Gobierno declaró en 2020 y tratar como caprichos ideológicos los derechos conquistados por las mujeres. Nada de eso es nuevo. Lo nuevo es la rapidez con que se ha vuelto respirable.

Si hoy se respira sin alarma es porque el aire llevaba tiempo viciándose. Durante décadas se extendió la idea de que la sanidad y la escuela públicas son un gasto, los impuestos un castigo y la solidaridad una ingenuidad. Una sociedad convencida de que cada cual se salva solo, con salarios que no alcanzan y alquileres que se llevan buena parte del sueldo, es el terreno donde mejor germina la promesa de un culpable. El desencanto de los jóvenes no es apatía. Es la factura de un pacto que dejó de cumplirse para ellos.

En plena campaña de las elecciones del 29 de noviembre, quienes podían frenar a la extrema derecha han preferido sumarla. El Partido Popular, heredero de quienes participaron en el acuerdo constituyente, gobierna ya con quienes lo desprecian, y los textos firmados este año en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía van mucho más allá del reparto de consejerías: incorporan medidas como la 'prioridad nacional', que el PP firma y después prefiere traducir como «arraigo», o el rechazo a acoger a menores migrantes no acompañados. Con ello renuncia a lo mejor del conservadurismo europeo, el que aceptó el Estado social y las reglas democráticas como terreno compartido. Descansa, además, en la misma confianza que retrata Zweig: creer que las instituciones resistirán solas. Y en otra igual de frágil: la de que adoptar parte del programa de la extrema derecha servirá para restarle votos. Un estudio de la Universidad de Mannheim de 2023 sobre Europa occidental concluye lo contrario: imitar a la derecha radical no le resta apoyos; si acaso, se los da. Estar en la oposición no atenúa su responsabilidad: una oposición también erosiona las instituciones, y nunca responde de los escombros. Esta crítica se dirige a una decisión de sus dirigentes, no a quienes votan al Partido Popular.

Lo que está en juego tiene nombre en la propia Constitución. Su primer artículo no se limita a proclamar la libertad, la justicia y la igualdad: añade un cuarto valor superior, el pluralismo político. Significa que el país no tiene dueños, que nadie posee en exclusiva la patria, la bandera o la verdad, y que quien discrepa no es un traidor, sino un conciudadano. Es el valor que hoy se impugna más abiertamente, cuando se divide a la población entre patriotas y enemigos de España o se niega legitimidad a un gobierno salido de una mayoría parlamentaria. Una democracia soporta discrepancias feroces; lo que no soporta es la idea de que el adversario no tiene derecho a existir.

Zweig cerró su libro convencido de que aquel mundo no volvería. Quienes vinieron después construyeron otro mejor porque aprendieron a desconfiar de su propia seguridad. Aquella póliza, sin embargo, no se renueva sola. Se paga cada día con una costumbre menos vistosa y más difícil que la indignación: la de no acostumbrarse. Sería una ironía triste que la Europa nacida de aquella experiencia, y la España que tanto tardó en llegar a ella, acabaran cometiendo el error que se propusieron no repetir: creerse a salvo.

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