El exjefe de Estupefacientes de Valladolid declara desde prisión en el juicio por narcotráfico
El antiguo mando policial, investigado por tráfico de drogas, ha respondido por videoconferencia desde la cárcel de Topas sobre la operación Churruca, en la que se incautaron cerca de 60 kilos de sustancias estupefacientes
El juicio por la operación Churruca, que investiga una presunta trama de tráfico de drogas en Valladolid, ha contado este martes con una declaración poco habitual. El que fuera jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional en la provincia, L.F., ha intervenido por videoconferencia desde la prisión de Topas (Salamanca), donde permanece encarcelado tras su detención en diciembre de 2025.
El exmando policial ha comparecido en calidad de testigo ante la Audiencia Provincial de Valladolid, acompañado de su abogado para salvaguardar su derecho de defensa en la causa que se sigue contra él. Durante su intervención ha contestado a las preguntas de las partes, aunque en algunos momentos ha asegurado no recordar determinados extremos o ha evitado responder al considerar que sus explicaciones podrían perjudicar la investigación que le afecta.
L.F. fue uno de los responsables de la operación Churruca, que dirigió junto a un agente de Vigilancia Aduanera. En su declaración ha aportado detalles sobre el recorrido que siguieron los cerca de 60 kilos de droga intervenidos durante la investigación, uno de los aspectos que centran buena parte de las discrepancias entre las defensas y las acusaciones.
Según ha explicado, las sustancias fueron trasladadas inicialmente al despacho del Grupo de Estupefacientes, al que tenían acceso los agentes adscritos a esta unidad. Después se llevaron a Sanidad para su análisis y, una vez realizadas las pruebas, regresaron a las dependencias policiales, donde quedaron guardadas en una caja fuerte de la Comisaría.
El antiguo responsable del grupo ha reconocido que él era la única persona que disponía de la llave de esa caja fuerte. Una circunstancia sobre la que las defensas han puesto el foco, al cuestionar la cadena de custodia de las sustancias. Los abogados sostienen que existen diferencias entre las cantidades recogidas en el atestado policial y las que finalmente fueron analizadas.
La declaración también ha abordado los desplazamientos que, según la investigación, realizaron algunos de los acusados para abastecerse de droga. El testigo ha relatado que durante las vigilancias se detectaron dos vehículos que supuestamente transportaban a parte de los integrantes de la organización en dirección a Asturias, en un trayecto realizado de madrugada.
En el peaje de Rioseco de Tapia, en León, el vehículo que circulaba delante habría abonado también el importe correspondiente al coche que le seguía. Este episodio ha sido cuestionado por los letrados de los procesados, que sostienen que está documentado que durante aquella madrugada de noviembre de 2024 la circulación hacia Asturias permanecía cortada por un desprendimiento.
La Fiscalía sitúa el inicio de las pesquisas en octubre de 2024, cuando comenzaron las vigilancias policiales que, a juicio del Ministerio Público, permitieron identificar la actividad de una organización dedicada presuntamente a la distribución de estupefacientes. Según la acusación, buena parte de sus operaciones se desarrollaban en varios chalés de una urbanización de Trigueros del Valle (Valladolid).
El grupo habría recurrido habitualmente a desplazamientos en vehículos particulares a otras comunidades autónomas, principalmente Asturias y Galicia, para conseguir la droga que después distribuía.
La vista oral se celebra en la Audiencia Provincial de Valladolid con un importante dispositivo de seguridad y tiene a ocho personas en el banquillo. La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados ocho años y seis meses de prisión y una multa de cuatro millones de euros por un delito contra la salud pública.
A esta petición se suman otros dos años de cárcel para cada procesado por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal. Además, para uno de ellos, el Ministerio Público reclama otros dos años de prisión por tenencia ilícita de armas. En conjunto, las peticiones de pena alcanzan los diez años y medio de cárcel por acusado, salvo la condena adicional solicitada para uno de ellos por el delito relacionado con las armas.








