La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia penal contra el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y, subsidiariamente, contra el subdelegado en Valladolid, Jacinto Canales, por la actuación de varios agentes de la Policía Nacional que impidieron a su presidenta, Polonia Castellanos, acceder a una calle de la capital vallisoletana.

Los hechos se remontan al pasado 7 de marzo, cuando coincidieron en Valladolid dos concentraciones de signo contrario sobre el aborto: una en la calle Gabilondo, contra su inclusión como derecho constitucional; y otra en la calle San José, a favor. Según la versión de la Fundación, al finalizar la primera, Castellanos intentó llegar al local de Refugio Provida, situado en la zona de la segunda concentración, para comprobar unas pintadas en el establecimiento, pero los agentes le impidieron el paso.

Abogados Cristianos sostiene que, según las grabaciones que aporta como prueba, uno de los policías justificó la restricción porque la presidenta procedía de una concentración con "pensamiento diferente", mientras otros ciudadanos podían circular por la misma zona. La organización añade que los agentes reconocieron que no esperaban que Castellanos provocara ningún incidente.

Posteriormente, la Subdelegación del Gobierno abrió un expediente sancionador contra ella por una presunta infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana, con una propuesta de multa de 601 euros. Castellanos presentó alegaciones el pasado 4 de noviembre, en las que niega haber increpado o desobedecido a los agentes y solicita el archivo del procedimiento.

La Fundación considera que la actuación podría constituir delitos contra los derechos cívicos, la libertad religiosa y de prevaricación, y pide al Tribunal de Instancia de Valladolid que investigue tanto la intervención policial como las órdenes impartidas durante el dispositivo y las posibles responsabilidades de las autoridades denunciadas. La denuncia incluye la agravante de discriminación ideológica y religiosa.

Castellanos ha calificado lo sucedido de "inadmisible" y sostiene que no se puede impedir circular a una persona por sus ideas mientras se permite el paso a otros ciudadanos y, posteriormente, se pretende sancionarla por cuestionar esa actuación.