Grupo El Salvador recurrirá la sentencia porque no refleja todas las pruebas y testimonios aportados
Destaca, por otro lado, la absolución de numerosos acusados y que se hayan descartado los delitos de organización criminal, profanación de cadáveres, blanqueo y falsedad documental
Grupo El Salvador ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que condena a siete personas, entre ellas tres miembros de la familia Morchón, por un delito continuado de estafa agravada en la conocida como trama de los ataúdes. La compañía ha expresado su respeto por la resolución judicial, aunque discrepa de algunas de sus principales conclusiones y considera que no se ha valorado adecuadamente el conjunto de las pruebas presentadas durante el procedimiento.
En un comunicado difundido tras conocer el fallo, el grupo funerario señala que la sentencia recoge algunas cuestiones a tener en cuenta defendidas por sus representantes legales durante el juicio, que ha provocado la absolución de numerosos trabajadores y el descarte de varios de los delitos que se atribuían a los acusados.
En concreto, la empresa destaca que la Audiencia haya descartado, respecto a los familiares acusados, los delitos de constitución de organización criminal, contra el respeto debido a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. También subraya que la resolución excluye la responsabilidad penal de otros integrantes del entorno de Morchón.
La empresa asegura que mantiene su actividad con normalidad
Pese a la condena, Grupo El Salvador asegura que afronta esta nueva etapa con "serenidad y confianza", y confirma que continuará prestando sus servicios funerarios con normalidad. La compañía insiste en su compromiso con las familias que siguen recurriendo a sus instalaciones y profesionales, al tiempo que confía en que la situación permita analizar los argumentos de su defensa.
De esta forma, el grupo funerario abre una nueva fase en el procedimiento judicial, con la intención de recurrir una sentencia que, aunque descarta buena parte de los delitos inicialmente atribuidos a los acusados, considera probada una estafa continuada que afectó a miles de personas en Valladolid.








