El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al alcalde, Jesús Julio Carnero, de mantener una gestión marcada por la "falta de seguridad jurídica" y los reiterados reveses judiciales sufridos por el equipo de gobierno de PP y VOX. Su portavoz, Pedro Herrero, ha repasado algunas de las resoluciones judiciales contrarias a las decisiones municipales y ha planteado tres medidas para evitar que se repitan estas situaciones, entre ellas la supresión del puesto conocido como 'alcalde B'. Ninguna de ellas ha salido adelante, ya que PP y VOX votaron en contra.

"Entre las muchas carencias de su gobierno municipal, señor Carnero, hay una que llama especialmente la atención: su falta de seguridad jurídica. Demasiadas decisiones han acabado en los tribunales, demasiadas iniciativas han recibido un revés judicial y demasiadas advertencias parecen haber caído en saco roto", ha señalado Herrero durante su intervención.

El portavoz socialista ha enumerado varias sentencias que, a su juicio, evidencian los problemas jurídicos de la gestión municipal. Entre ellas, ha citado la anulación de la Ordenanza de Movilidad en 2024, relacionada con la eliminación de carriles bus, taxi y bici, y la anulación de la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones en marzo de 2026. También ha recordado la sentencia que condenó al alcalde por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales al negarse a incluir dos mociones en el orden del día de un pleno municipal.

El "alcalde B", en el centro de las críticas

Uno de los asuntos en los que más ha incidido Herrero ha sido la creación del puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, conocido como "alcalde B", cuya legalidad fue cuestionada por los tribunales. El portavoz socialista ha recordado que el Tribunal Supremo inadmitió el pasado febrero el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que declaró ilegal la creación de este puesto.

Herrero ha puesto también el foco en el coste económico de esta figura, que, según los datos aportados por el PSOE, asciende a 156.762 euros anuales, lo que supone 627.048 euros durante el presente mandato.

En este sentido, ha cuestionado la utilidad del cargo y ha reclamado directamente a Carnero que prescinda de él, al considerar que "no aporta nada, ni en el ámbito jurídico ni en la gestión municipal, y se ha convertido en un auténtico lastre para este Ayuntamiento".

Críticas por la estación de Campo Grande y la integración ferroviaria

El portavoz socialista también ha incluido en su balance las actuaciones del equipo de gobierno municipal relacionadas con la ampliación de la estación ferroviaria de Campo Grande, una intervención presupuestada en 215 millones de euros que considera fundamental para el futuro de la ciudad.

Herrero ha criticado que el Ayuntamiento recurriera a un bufete de abogados de Madrid para tratar de frenar el proyecto y ha recordado que, en julio, la Audiencia Nacional inadmitió el recurso municipal al considerar que no se había acreditado suficientemente el asesoramiento jurídico previo necesario para autorizar las acciones judiciales.

Asimismo, ha acusado al alcalde de obstaculizar el Convenio de Integración Ferroviaria con el objetivo de impedir la construcción de los pasos previstos. "Otra maniobra nefasta que está teniendo, y puede tener aún, consecuencias negativas para Valladolid", ha advertido.

La vivienda municipal y las víctimas de violencia de género

Otro de los ejemplos, valorados por el PSOE, ha sido la decisión del equipo de gobierno de modificar los criterios de acceso a la vivienda municipal, eliminando la referencia específica a las víctimas de violencia de género. Según ha explicado Herrero, esta medida fue cuestionada por un informe jurídico de la Secretaría General del Ayuntamiento, que advirtió de su falta de encaje legal al considerar que la violencia de género y la violencia doméstica no son conceptos jurídicamente equivalentes.

El portavoz ha atribuido parte de estos conflictos al "empecinamiento" y al "negacionismo" del gobierno municipal. También ha dirigido sus críticas a la teniente de alcalde de VOX, Irene Carvajal, al cuestionar cómo se han podido acumular tantas resoluciones desfavorables pese a contar con su asesoramiento.

"¿Cómo son posibles tantas sentencias en contra, tanta inseguridad jurídica? ¿Cómo es posible un balance tan desastroso teniendo como mano derecha a la señora Carvajal, que se nos presenta como una autoridad jurídica infalible?", ha preguntado.

Tres propuestas para evitar nuevos reveses judiciales

Ante esta situación, Pedro Herrero ha planteado tres medidas dirigidas al equipo de gobierno de PP y VOX para reforzar la seguridad jurídica de las decisiones municipales. La primera consiste en atender las recomendaciones de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y seguir sus criterios antes de adoptar decisiones que puedan entrar en conflicto. "La seguridad jurídica exige escuchar a quienes tienen la responsabilidad profesional de velar por la legalidad de las decisiones de este Ayuntamiento", ha defendido.

En segundo lugar, el portavoz socialista ha propuesto que, cuando sea necesario recurrir a asesoramiento jurídico externo, el Consistorio busque profesionales "preferentemente" en Valladolid, en lugar de contratar despachos de otras ciudades. "En nuestra ciudad hay magníficos profesionales de todas las ramas del Derecho", ha subrayado.

Por último, Herrero ha insistido en la necesidad de eliminar el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, el denominado 'alcalde B', al considerar que supone un gasto innecesario y que su creación ha generado un nuevo conflicto judicial.