Uno de los argumentos centrales del fallo es que la presentación de proyectos en los Presupuestos Participativos no genera, por sí misma, un derecho a exigir su financiación ni obliga al Ayuntamiento a incorporarlos a las cuentas municipales.

La Sala considera que las obligaciones económicas del Consistorio deben estar respaldadas por la normativa aplicable y por decisiones adoptadas por los órganos competentes. En este sentido, señala que el Reglamento de Presupuestos Participativos no establece que todas las propuestas presentadas deban aprobarse automáticamente ni constituye un título jurídico que obligue a reservar una partida económica para cada iniciativa.

Asimismo, el tribunal apunta que el reglamento no determina cuantías ni plazos que permitan considerar que se ha omitido un crédito necesario en los términos previstos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De esta manera, la sentencia descarta que la falta de incorporación de las propuestas vecinales que no fueron aprobadas constituya un motivo para anular el presupuesto municipal de 2025. También rechaza la petición de retrotraer el procedimiento para incluir esas iniciativas, por lo que avala la aprobación definitiva de las cuentas en los términos acordados por el Ayuntamiento.