El futuro de las cuatro viviendas municipales situadas en el emblemático edificio de la Plaza Zorrilla ha vuelto a reavivar la polémica de los áticos ilegales del exalcalde Javier León de la Riva. El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al equipo de gobierno que ponga a la venta o en alquiler estos inmuebles, que permanecen deshabitados y continúan generando gastos para las arcas municipales. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Nacho Zarandona, ha respondido que actualmente no es posible venderlos debido a cuestiones administrativas y litigios pendientes.

Se trata de tres pisos y un ático ubicados en el número 28 de la calle Santiago, que pasaron a formar parte del patrimonio municipal como consecuencia de las resoluciones judiciales derivadas del conocido caso de los áticos ilegales que salpicó a de la Riva. Este procedimiento terminó con la condena al exalcalde popular por desobedecer una sentencia que obligaba a restituir la legalidad urbanística del inmueble. Según denuncia el PSOE, el coste que ha tenido que asumir el Ayuntamiento como consecuencia de este caso asciende a 3,7 millones de euros, una cantidad a la que se siguen sumando los gastos anuales de comunidad. Solo durante el año 2026, el Consistorio deberá abonar 5.226 euros por este concepto.

"La factura que ha tenido que pagar el Ayuntamiento por la sentencia de los áticos de Zorrilla suma 3,7 millones de euros. A este dinero se añaden, cada año, las cuotas de la comunidad", señalan los socialistas, que consideran necesario poner fin a esta situación. El grupo municipal sostiene que ha llegado el momento de dar utilidad a unos inmuebles que permanecen desocupados en una de las zonas más céntricas y cotizadas de Valladolid. "Hoy por hoy, con las necesidades que tienen los ciudadanos, no podemos consentir que cuatro viviendas estén sin habitar en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad", advierten.

Zarandona acusa al PSOE de desconocer la situación de los inmuebles

Nacho Zarandona ha criticado las declaraciones socialistas y ha cuestionado el conocimiento que tiene el grupo municipal sobre la situación jurídica y administrativa de las viviendas. "Resulta hasta grosero y tosco el desconocimiento que tiene el señor Herrero y, por ende, su grupo municipal de los temas del Ayuntamiento de Valladolid. Asusta de verdad que hayan estado ocho años como responsables de la gestión de nuestro municipio", ha afirmado.

El edil ha recordado que la sentencia de 2008 anuló las licencias concedidas para las obras de los áticos por un exceso de edificabilidad y otras irregularidades urbanísticas. No obstante, ha defendido que las licencias municipales responden a procedimientos técnicos en los que también pueden producirse errores.

"Las licencias son actos reglados que se hacen en orden técnico y, efectivamente, a veces los técnicos son muy celosos de su trabajo y muy eficientes, pero lógicamente son humanos y en ocasiones hay errores", ha explicado. En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ha tenido que afrontar recientemente otra indemnización de 600.000 euros por una licencia concedida en la zona de La Farola, como ejemplo de las consecuencias económicas que pueden derivarse de determinadas actuaciones urbanísticas.

"Esos pisos no se pueden vender"

Uno de los principales argumentos esgrimidos por Zarandona para rechazar la propuesta socialista es que las viviendas presentan problemas documentales que impiden su comercialización.

Según ha explicado, durante los ocho años de gobierno del PSOE no se resolvió la situación registral de las propiedades, cuyas escrituras no se corresponden con su configuración actual. "En sus ocho años ni visitaron estos pisos ni les interesó. De hecho, lo único que consiguieron fue que se escrituraran, pero son unas escrituras que no corresponden a la realidad", ha asegurado.

El concejal ha detallado que parte de los espacios que anteriormente estaban destinados a oficinas fueron transformados en viviendas, sin que esta modificación quedara correctamente reflejada en la documentación: "Son oficinas que se convirtieron en viviendas y, por tanto, no adaptaron las escrituras a la realidad. Por lo tanto, todavía, fíjese, señor Herrero, esos pisos no se pueden vender".

Además, ha precisado que para proceder a su venta sería necesario modificar la división del conjunto del edificio, un trámite que todavía está pendiente. A esta circunstancia se añade otro conflicto jurídico relacionado con la titularidad de los trasteros surgidos tras las demoliciones. Zarandona ha explicado que la comunidad de propietarios mantiene un litigio con el Ayuntamiento porque considera que esos espacios le pertenecen, mientras que el Consistorio defiende su titularidad municipal.

"La comunidad dice que son suyos y el Ayuntamiento, obviamente, defiende que esos trasteros pertenecen a todos los vallisoletanos, que fueron los que pagaron esas demoliciones y esas indemnizaciones a los propietarios", ha señalado.

Cuatro viviendas valoradas en más de 2,1 millones de euros

Los inmuebles cuya comercialización reclaman los socialistas presentan diferentes características y superficies. El más pequeño es un ático de 46,50 metros cuadrados situado en la octava planta del edificio, mientras que las otras tres viviendas se encuentran distribuidas entre las plantas cuarta y sexta. La de mayor tamaño dispone de 149,45 metros cuadrados. En conjunto, las cuatro propiedades alcanzan una valoración estimada superior a los 2,1 millones de euros.

La propuesta del PSOE contempla tanto la posibilidad de vender las viviendas como la de destinarlas al mercado del alquiler, con el objetivo de obtener un aprovechamiento económico o social. Los socialistas cuestionan que el Ayuntamiento mantenga sin uso unas propiedades de elevado valor mientras continúa asumiendo los gastos asociados a su conservación, especialmente en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda.

El origen del conflicto: la sentencia de los áticos ilegales

La incorporación de estas propiedades al patrimonio municipal está directamente relacionada con uno de los episodios urbanísticos más controvertidos. El conflicto se remonta a la rehabilitación del antiguo edificio de Caja Duero, donde se ejecutaron obras que incumplían las condiciones urbanísticas establecidas para un inmueble protegido del casco histórico.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2008 anuló las licencias de obra y primera ocupación, así como el proyecto de ejecución, al considerar que la intervención había alterado elementos protegidos de las fachadas y la cubierta, además de incrementar la superficie edificada en la última planta. La actuación también incumplía las limitaciones relativas a los usos del edificio, entre ellas la obligación de reservar un porcentaje determinado de su superficie a viviendas.

Como consecuencia, la Justicia ordenó demoler las construcciones ilegales y restituir los elementos modificados para devolver el inmueble a su estado original. El cumplimiento de esta resolución obligó a acometer importantes actuaciones de demolición, redistribución de espacios y modificación de usos, que afectaron tanto a viviendas como a oficinas.

Además, fue necesario indemnizar a los propietarios perjudicados por las actuaciones necesarias para ejecutar la sentencia.

Zarandona promete resolver el problema y carga contra la gestión socialista

El concejal de Urbanismo acusa al PSOE de utilizar el caso para cuestionar la gestión de anteriores responsables municipales sin haber adoptado soluciones durante sus años al frente del Ayuntamiento: "Hay que hablar con más rigor y propiedad. Entiendo que es muy fácil lanzar mensajes en los que se quiere afear conductas de otras personas".

Zarandona también ha introducido en la polémica una referencia a un exalcalde de Valladolid -Óscar Puente-, quien adquirió, recuerda, una vivienda de alto valor por debajo de su precio de mercado. "Quien sí sabe mucho de obtener con beneficios pisos de alto standing y de alto valor es alguien que fue alcalde de Valladolid, que obtuvo una vivienda por la mitad del precio de coste en el mercado", ha afirmado.

El enfrentamiento entre socialistas y populares deja abierto el futuro de cuatro viviendas municipales valoradas en más de dos millones de euros, que siguen vacías en pleno centro de Valladolid. Mientras el PSOE reclama su puesta en el mercado para evitar nuevos gastos y aprovechar el patrimonio público, el equipo de gobierno sostiene que primero debe resolver los obstáculos registrales y jurídicos que impiden su venta o alquiler.