Un año después de que la Justicia belga dictara sentencia, el nombre de Teresa Rodríguez Llamazares sigue ligado a una de las historias de violencia machista que más han conmocionado a Valladolid. El 17 de octubre de 2025, el Tribunal Penal de Bruselas condenó a César Arribas Calvo a 30 años de prisión por el asesinato premeditado de su expareja, una joven enfermera vallisoletana que tenía 23 años cuando fue asesinada. Doce meses después de aquella resolución, el condenado continúa en prisión, donde permanece desde los días posteriores al crimen, cometido en octubre de 2022.

La sentencia puso fin a un proceso judicial que había tardado casi tres años en llegar a juicio. Durante dos semanas, familiares, amigos, investigadores y expertos reconstruyeron ante el tribunal lo sucedido en el apartamento donde Teresa vivía en Bruselas. Las declaraciones y las pruebas presentadas permitieron al jurado concluir que no se había tratado de una agresión improvisada, sino de un asesinato cometido con premeditación.

La condena fue la máxima pena solicitada por la Fiscalía y la que reclamaban los allegados de Teresa. Sin embargo, los 30 años de prisión no pueden reparar la pérdida de una joven que había viajado a Bélgica para continuar su formación y desarrollar su carrera como enfermera. El aniversario de la sentencia devuelve así la atención a un caso que traspasó las fronteras y que dejó una profunda huella entre quienes conocieron a la vallisoletana.

Una ruptura que terminó en asesinato

Los hechos se remontan al 27 de octubre de 2022. Teresa residía en Bruselas, donde trabajaba como enfermera y completaba su formación en el ámbito de la enfermería oncológica. Su expareja, César Arribas, viajó desde España hasta la capital belga unos días antes del crimen con la intención de retomar la relación, que la joven había decidido terminar.

Durante los primeros días, el entonces guardia civil en prácticas se alojó en el domicilio de Teresa, pese a que ella había manifestado su incomodidad con aquella situación. La noche anterior al asesinato se trasladó a un albergue cercano. Fue allí donde, según las pruebas expuestas durante el juicio, escribió un mensaje de despedida dirigido a su familia y realizó búsquedas en internet relacionadas con cómo matar a una persona.

A primera hora del 27 de octubre regresó al apartamento de la joven. Una vez dentro, empleó dos cuchillos de cocina para atacarla. El informe forense contabilizó 153 puñaladas, una violencia extrema que quedó recogida en la investigación y que posteriormente tuvo un peso determinante en la valoración judicial de los hechos.

Tras la agresión, Arribas se precipitó por una ventana del edificio y sufrió graves lesiones. Según declaró, había intentado quitarse la vida, aunque durante el juicio quedaron interrogantes sobre lo sucedido después del asesinato. Tras recibir atención médica, quedó bajo custodia y posteriormente ingresó en prisión preventiva.

La investigación también permitió acreditar la premeditación. Las búsquedas realizadas antes del crimen y el mensaje que había escrito, pero que nunca llegó a enviar, fueron algunos de los elementos que sostuvieron la acusación. El caso dejó de ser únicamente la investigación de una muerte violenta para convertirse en un proceso judicial centrado en determinar si el acusado había preparado el asesinato.

Tres años de espera hasta sentarse ante el tribunal

 La vista oral comenzó en octubre de 2025, casi tres años después de la muerte de Teresa. El Palacio de Justicia de Bruselas acogió un proceso en el que estaba previsto que declarasen alrededor de 40 personas, entre familiares, amigos, policías y especialistas que participaron en la investigación.

La familia de la joven se desplazó hasta Bélgica para seguir las sesiones. Sus padres, Juan Rodríguez y Teresa Llamazares, acudieron al juicio acompañados por otros allegados, con la expectativa de conocer una resolución judicial después de una larga espera.
El proceso estuvo marcado por la dureza de las pruebas y por las declaraciones del acusado, que reconoció haber matado a Teresa.

Durante las sesiones también trascendió que sabía que la joven se encontraba sola en el apartamento cuando acudió aquella mañana, un extremo que admitió ante el tribunal después de haberlo negado durante la investigación.

Arribas expresó su arrepentimiento y pidió perdón a la familia. En una de las sesiones leyó una carta en la que reconocía la gravedad de lo ocurrido. Sin embargo, sus palabras no disiparon las dudas de los allegados de Teresa sobre la sinceridad de aquel arrepentimiento ni alteraron la valoración de las pruebas.

El 16 de octubre de 2025, el jurado popular lo declaró culpable de asesinato voluntario y premeditado, además de considerar acreditado el uso de los cuchillos como armas. La decisión despejó la principal cuestión del juicio: la responsabilidad penal de Arribas en la muerte de su expareja.

Al día siguiente llegó la sentencia. La Fiscalía pidió 30 años de prisión y la defensa solicitó una pena inferior, alegando circunstancias atenuantes como la ausencia de antecedentes penales. Finalmente, el tribunal impuso los 30 años de cárcel.

Treinta años de prisión y una familia que no recuperará a Teresa

La condena tuvo en cuenta la extrema gravedad del crimen, la premeditación y la juventud de la víctima. Entre los elementos considerados para determinar la pena también figuraron la ausencia de antecedentes del acusado, su comportamiento durante la prisión preventiva y la indemnización de 32.000 euros abonada a la familia.

La resolución fue recibida con alivio por el entorno de Teresa, que temía que las circunstancias personales del condenado pudieran traducirse en una rebaja de la pena. Palma Lara, amiga de la joven y compañera de trabajo en el hospital belga, expresó entonces la sensación compartida por quienes habían seguido el proceso: la condena no devolvería a Teresa, pero suponía una respuesta judicial a la gravedad de lo sucedido.

El fallo estableció una pena de 30 años de prisión. Según la información difundida tras la sentencia, el condenado podría solicitar la libertad provisional una vez cumplida la mitad de la condena, es decir, tras 15 años de prisión, aunque esa posibilidad no equivale a una liberación automática.

El aniversario llega, además, con una precisión importante: Arribas no ha pasado solamente un año entre rejas. Ingresó en prisión después del asesinato, en octubre de 2022, y ya acumulaba cerca de tres años de prisión preventiva cuando fue juzgado. Este sábado, 17 de octubre de 2026, se cumple un año de la condena que fijó en 30 años la pena por la muerte de Teresa.

La huella de Teresa

La distancia entre el crimen y la sentencia refleja el largo camino que recorrió la familia hasta obtener una resolución judicial. Durante ese tiempo, el caso mantuvo la atención pública tanto en Bélgica como en España, donde la muerte de la joven vallisoletana provocó muestras de consternación y reivindicaciones contra la violencia machista.

Teresa tenía 23 años y una vida por delante cuando fue asesinada. Su historia quedó marcada por una ruptura que su expareja no aceptó y por una violencia que la investigación consideró premeditada. El juicio permitió reconstruir los hechos, escuchar a quienes sufrieron la pérdida y establecer la responsabilidad del acusado.

Un año después de la sentencia, César Arribas sigue cumpliendo prisión por aquel asesinato. La condena marca un aniversario judicial, pero no un punto final para quienes convivieron con la ausencia de Teresa. Para su familia y sus amigos, la justicia podía reconocer la gravedad del crimen y castigar al responsable, pero no reparar el vacío que dejó la joven enfermera.

El tiempo transcurrido desde aquel 17 de octubre de 2025 recuerda que una sentencia puede cerrar un proceso penal, pero no la historia de quienes ya no están. En Valladolid, el nombre de Teresa Rodríguez permanece como el de una joven cuya vida fue arrebatada demasiado pronto y cuya memoria continúa ligada a la exigencia de que la violencia contra las mujeres no quede impune.