El Sindicato de Vivienda de Valladolid ha exigido responsabilidades a la Delegación del Gobierno por la actuación de la Policía Nacional durante la concentración celebrada este viernes en apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada esta semana de la vivienda en la que residía desde hacía décadas en Madrid.

La movilización, convocada frente a la sede de la empresa que la organización señala como propietaria del inmueble, reunió a cientos de personas en la calle Santiago. El Sindicato de Vivienda cifró la asistencia en alrededor de 1.700 personas, mientras que fuentes policiales consultadas por Tribuna Valladolid situaron la participación en unas 800.

La concentración, convocada bajo el lema 'Contra el negocio de la vivienda, organización de clase', continuó posteriormente por el centro de Valladolid y alcanzó la plaza de Zorrilla, donde se produjeron momentos de tensión entre algunos manifestantes y los agentes después de que parte de los participantes rebasara el cordón policial.

El Sindicato de Vivienda considera que la intervención policial fue "desproporcionada" y sostiene que durante la protesta se produjeron golpes contra al menos tres personas y la identificación de otras tres. La organización asegura además que las unidades de intervención policial actuaron contra la cabecera de la movilización en la plaza de Zorrilla sin que, a su juicio, se hubiera producido ningún incidente previo.

Desde el colectivo han reclamado explicaciones a la Delegación del Gobierno y han criticado lo que consideran una contradicción entre el discurso del Ejecutivo sobre el derecho a la vivienda y la respuesta policial ante las movilizaciones. "El Gobierno más progresista de la historia podrá intentar ponerse la medallita en estas movilizaciones, pero vemos cómo no dudan en mandarnos a la policía para intentar amedrentarnos", señaló la organización.

El Sindicato de Vivienda también dirigió sus críticas hacia las políticas relacionadas con el acceso a la vivienda y cuestionó a representantes de PSOE, Sumar y Podemos. A su juicio, el encarecimiento de los alquileres y la dificultad para acceder a una vivienda están vinculados al uso de este bien como activo de inversión.

La organización defendió que el caso de Maricarmen no constituye una situación aislada y aseguró que atiende "con regularidad" situaciones de abuso hacia inquilinos también en Valladolid. Por ello, hizo un llamamiento a mantener la movilización y a organizarse para evitar nuevos casos de desahucio.

La protesta vallisoletana se enmarca en las movilizaciones convocadas en distintas ciudades españolas tras el desahucio de Maricarmen, cuyo caso ha reavivado el debate sobre el acceso a la vivienda y la situación de los inquilinos.