Valladolid se suma este viernes a las protestas por el desahucio de Maricarmen
La protesta, convocada a las 20:00 horas en la calle Santiago, pretende denunciar el modelo de negocio inmobiliario y mostrar su apoyo a la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid
La situación de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que esta semana fue desahuciada de la vivienda en la que había vivido desde 1956 en Madrid, llegará este viernes a Valladolid. Colectivos vinculados a la defensa del derecho a la vivienda han convocado una concentración frente a la oficina que Urbagesa mantiene en la capital vallisoletana, en la calle Santiago, para mostrar su rechazo al desalojo y denunciar el modelo de gestión inmobiliaria de la compañía.
La movilización, difundida bajo el lema 'Concentración de urgencia contra el negocio de la vivienda, organización de clase', tendrá lugar a partir de las 20.00 horas y se suma a las diferentes muestras de solidaridad que se están sucediendo estos días en distintas ciudades españolas tras el desahucio de Maricarmen.
El caso ha adquirido una notable repercusión después de que la mujer, de 87 años, fuera finalmente desalojada este miércoles de su vivienda del distrito madrileño de Retiro, después de varios intentos anteriores. Maricarmen llevaba décadas residiendo en el inmueble y abonaba un alquiler de alrededor de 500 euros mensuales. La empresa propietaria reclamaba elevar la renta hasta los 2.650 euros al mes, una cantidad que la mujer no podía asumir.
Una empresa con presencia en Valladolid
El vínculo con Valladolid se encuentra en la propia estructura empresarial de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que opera comercialmente como Urbagesa. La compañía dispone de una oficina en el número 9 de la calle Santiago, tercera planta, en pleno centro de la ciudad. Así consta tanto en su página corporativa como en sus datos oficiales de contacto.
La empresa se presenta como un despacho especializado en la gestión de activos inmobiliarios en rentabilidad y en operaciones de compra y venta de inmuebles alquilados. Entre los productos que comercializa incluye edificios residenciales, locales, oficinas, suelo y otros activos inmobiliarios. La propia compañía señala que cuenta con sede central en Madrid y delegación en Valladolid y que trabaja en operaciones a nivel nacional.
Urbagesa adquirió en 2018 el edificio madrileño en el que residía Maricarmen. Según informaciones publicadas esta semana, la compañía ofrece entre sus operaciones la compra de edificios residenciales con inquilinos para su posterior revalorización. EFE ha señalado que la empresa busca en este tipo de operaciones la "revalorización" del activo mediante su gestión, reforma o eventual vaciado.
La sociedad, constituida en 2005, figura además como una empresa de pequeño tamaño. Según datos recogidos por EFE de la plataforma eInforma, cuenta con siete empleados y está clasificada como microempresa.
Una ola de solidaridad
El desahucio de Maricarmen se produjo después de ocho años de conflicto judicial por la vivienda en la que residía desde hacía más de siete décadas. El origen del litigio está relacionado con el antiguo contrato de alquiler y sus sucesivas subrogaciones tras el fallecimiento de sus padres. La legislación vigente no permite una segunda subrogación de este tipo, circunstancia en la que se ha apoyado la propiedad para reclamar la finalización del contrato.
En los días previos al desalojo se multiplicaron las muestras de apoyo. Vecinos, activistas y diferentes personalidades participaron en concentraciones y en una acampada frente al inmueble para tratar de impedir el lanzamiento. Incluso una escritora que prefirió mantener su identidad en el anonimato se ofreció a asumir la diferencia entre los 500 euros que Maricarmen podía seguir pagando y los 2.650 euros reclamados por la propiedad. Finalmente, el desahucio se ejecutó este miércoles.
La convocatoria de Valladolid se integra ahora en esa cadena de protestas y movilizaciones. En otras ciudades españolas también se han producido concentraciones de solidaridad con Maricarmen y de denuncia de la situación de la vivienda.









