El pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha vuelto a debatir este lunes el puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas, una figura que la oposición ha bautizado como 'alcalde B', después de que el Tribunal de Instancia de Valladolid anulase las decisiones del alcalde, Jesús Julio Carnero, de impedir que las mociones sobre este asunto se abordasen en sesiones plenarias anteriores.

El portavoz municipal del PSOE, Pedro Herrero, ha cuestionado el coste de este puesto para las arcas municipales, que ha cifrado en 160.000 euros anuales, y ha puesto en duda la utilidad de las funciones que desempeña. El socialista ha acusado al alcalde de haber creado un "chiringuito" y ha calificado la situación de "escándalo".

Herrero también ha considerado "insólito" que ahora se debata una moción sobre un asunto que, según ha recordado, fue impedido por la misma persona que la promovió inicialmente. Durante su intervención, el portavoz socialista ha citado además otros pronunciamientos judiciales contrarios a decisiones del equipo de Gobierno, como el relativo a la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o a la eliminación de determinados carriles bus y bici.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, ha centrado sus críticas en la falta de transparencia del Ayuntamiento y en la presencia de Carnero en el Senado. Anguita ha reprochado al alcalde que, a su juicio, no participe suficientemente en el gobierno de la ciudad y ha señalado que permanece en la Cámara Alta "uno de cada tres días".

Frente a estas críticas, la concejala del PP Blanca Jiménez ha defendido la legalidad del puesto de director de Coordinación de Políticas Públicas y ha reivindicado también la labor de Carnero como senador. En este sentido, ha destacado que el regidor ha protagonizado más de 400 intervenciones en la Cámara Alta.

La teniente de alcalde y portavoz de Vox, Irene Carvajal, ha marcado distancia con el tono empleado durante el debate y ha anunciado que su grupo no participará en mociones en las que se utilicen "chascarrillos" o se menoscabe a los trabajadores municipales.

El debate sobre el denominado 'alcalde B' se produce después de que los tribunales hayan obligado al Ayuntamiento a abordar en pleno cuestiones relacionadas con este puesto, convirtiendo la figura del director de Coordinación de Políticas Públicas en uno de los asuntos de enfrentamiento recurrente entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición.