El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes una moción de PP y Vox para reclamar al Gobierno de España la aplicación de medidas extraordinarias ante la crisis migratoria de Ceuta, en un debate en el que finalmente también han salido adelante tres de las once enmiendas planteadas por el PSOE.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca (PP), ha defendido la iniciativa al considerar que el pasado 30 de julio se produjo un "ataque a la soberanía nacional" y ha aludido a la situación de inseguridad que, a su juicio, atraviesa la ciudad autónoma. Entre los datos expuestos durante su intervención, ha mencionado 32 agresiones sexuales.

Desde Vox, la concejala Irene Carvajal ha respaldado la petición de su socio de Gobierno y ha reclamado la expulsión de las personas que hayan entrado de forma irregular en territorio español. Carvajal también ha rechazado las declaraciones de miembros del Ejecutivo marroquí en las que se cuestiona la soberanía española sobre las ciudades autónomas. "Ceuta no se vende, se defiende", ha afirmado.

El portavoz municipal del PSOE, Pedro Herrero, y la concejala de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Cristina Colino, han cuestionado que PP y Vox hayan llevado al pleno municipal un asunto de carácter nacional en lugar de abordar cuestiones directamente relacionadas con Valladolid. Ambos han defendido además un trato humanitario hacia las personas migrantes y han subrayado que la soberanía española sobre Ceuta no está en discusión.

Herrero había presentado once enmiendas a la moción, de las que finalmente se han aprobado tres. La primera recoge el compromiso con la Constitución española; la segunda condena los actos destinados a impedir el reparto de ayuda humanitaria y el acoso a los voluntarios; y la tercera incorpora un reconocimiento a la labor desarrollada por los profesionales sanitarios y sociales que trabajan en Ceuta.

De esta forma, el pleno vallisoletano ha respaldado la iniciativa de PP y Vox incorporando parte de las propuestas socialistas, en un debate marcado por las diferencias entre el equipo de Gobierno y la oposición sobre el enfoque que debe darse a la situación migratoria y sobre la conveniencia de abordar este tipo de cuestiones en el ámbito municipal.