El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha denunciado la falta de garantías suficientes sobre el tratamiento y destrucción de documentación municipal en papel que contiene datos personales o información confidencial. Una situación sobre la que asegura llevar advirtiendo al equipo de Gobierno desde julio de 2024.

El concejal socialista Juan Carlos Hernández considera "especialmente grave" que, después de más de dos años de preguntas en comisión, el Gobierno municipal continúe sin explicar de forma clara cuál es el procedimiento que garantiza la protección de la documentación sensible desde que deja de utilizarse hasta que es destruida definitivamente.

La controversia tiene su origen en la finalización, el 31 de diciembre de 2023, del anterior contrato para la recogida y reciclaje de papel y cartón, destrucción certificada de documentación confidencial y gestión de residuos generados por el Ayuntamiento.

En julio de 2024, a preguntas de la oposición en la Comisión de Hacienda, el equipo de Gobierno reconoció que todavía no se había adjudicado un nuevo contrato. Entonces explicó que el incremento de los precios había dificultado la contratación y que se estudiaba sustituir los contratos anuales por uno plurianual. Mientras se resolvía la situación, la eliminación del papel se estaba realizando con empleados municipales y medios propios del Ayuntamiento.

El PSOE ya manifestó entonces sus dudas sobre el procedimiento, después de que hubieran transcurrido más de seis meses desde la finalización del contrato anterior. Los socialistas aseguraron que no apreciaban contenedores específicos en la Casa Consistorial y cuestionaron cómo se estaba eliminando la documentación en las diferentes dependencias municipales.

La situación volvió a abordarse en septiembre de 2024, cuando el Gobierno municipal señaló que la contratación continuaba "en fase de análisis" y que incluso se estudiaba prestar definitivamente el servicio con medios propios. Dos meses después, en noviembre, anunció su intención de disponer de un nuevo contrato en el plazo aproximado de un mes, algo que, según denuncia el PSOE, finalmente no se produjo.

El asunto regresó a la comisión en marzo de 2025. El equipo de Gobierno volvió a reconocer que el servicio continuaba realizándose con medios municipales y trasladó su intención de sacar un contrato a licitación durante ese mismo año.

En mayo se produjo un nuevo aplazamiento. La contratación, prevista inicialmente para el segundo trimestre, quedó pospuesta con la previsión de poder cerrarla después del verano. Mientras tanto, la documentación confidencial continuaba destruyéndose, según las explicaciones municipales, "con medios propios".

Precisamente, el PSOE centra sus críticas en la falta de información sobre qué implica ese procedimiento. Los socialistas reclaman conocer qué equipos se utilizan para destruir los documentos, qué personas tienen acceso a ellos, dónde se lleva a cabo el proceso, quién asume su responsabilidad y qué mecanismos existen para acreditar que la información ha sido efectivamente eliminada.

La formación recuerda además que para 2025 estaba previsto un contrato denominado 'Servicio de recogida, papel y cartón, destrucción con certificación de la documentación confidencial y gestión de los residuos que se generan del Ayuntamiento de Valladolid', con un presupuesto de 160.000 euros y una duración de 24 meses, que finalmente no llegó a licitarse por el área de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa.

Según expone el Grupo Socialista, el propio Ayuntamiento ha reconocido que la destrucción de determinados documentos confidenciales necesita trazabilidad, empresas acreditadas y mecanismos que permitan justificar qué documentación se ha eliminado, en qué cantidad y que se ha mantenido su confidencialidad durante todo el procedimiento.

Para el PSOE, existe una contradicción entre estas exigencias y el mantenimiento durante meses de un sistema basado en medios propios sin que, según sostiene, se haya detallado públicamente un procedimiento equivalente de control y trazabilidad.

"Cuando están en juego datos personales de ciudadanos y trabajadores municipales, la improvisación no es una opción", sostiene Hernández, quien reclama al Ayuntamiento que ofrezca garantías sobre la seguridad, protección y trazabilidad de la documentación confidencial hasta su destrucción definitiva.