Crece la tensión en la Policía Municipal de Valladolid por el desarrollo de los procesos de promoción interna para cubrir plazas de inspector y subinspector. Varios aspirantes han mostrado su "malestar" con las decisiones adoptadas por el tribunal calificador, al considerar que "se han aplicado criterios distintos en dos convocatorias con unas bases prácticamente idénticas", lo que, a su juicio, podría comprometer los principios de igualdad, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público.

La controversia afecta a dos procesos selectivos convocados por el Ayuntamiento de Valladolid para cubrir, mediante concurso-oposición por promoción interna, tres plazas de inspector y otras tres de subinspector de la Policía Municipal. Ambas convocatorias fueron aprobadas el pasado 25 de febrero por resolución del concejal delegado de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco de Paula Blanco Alonso.

El origen del conflicto se encuentra en uno de los ejercicios de la fase de oposición, la denominada memoria profesional. Las bases de ambas convocatorias establecen que este ejercicio es eliminatorio y fijan un límite máximo de 25 folios, a doble espacio, impresos por una sola cara y en formato DIN A-4, sin contemplar excepciones ni posibles interpretaciones.

Dos decisiones distintas

Según denuncian varios de los aspirantes, el tribunal acordó el pasado 3 de agosto "aplicar de forma estricta" ese requisito en el proceso para subinspectores, dejando fuera del ejercicio oral a cinco de los siete candidatos por haber superado el número máximo de páginas permitido.

Sin embargo, pocos días después, ese mismo tribunal habría adoptado "un criterio diferente" en el proceso para inspector, permitiendo continuar en la oposición a aspirantes cuyas memorias también excedían la extensión fijada en las bases.

Posteriormente, el órgano calificador decidió convocar de nuevo a los opositores inicialmente excluidos del proceso de subinspectores para que realizaran la prueba oral una semana más tarde, una decisión que ha incrementado el descontento entre parte de los participantes.

Los aspirantes críticos consideran que este cambio de criterio supone un trato desigual entre candidatos y altera una decisión ya adoptada cuando el tribunal conocía la identidad de los afectados en ambos procedimientos.

Dudas sobre la igualdad del proceso

Los denunciantes sostienen que estas actuaciones "podrían entrar en conflicto con varios de los principios que regulan el acceso a la función pública".

Recuerdan que el artículo 23.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y que el artículo 103 establece que dicho acceso debe producirse conforme a los principios de mérito y capacidad.

Asimismo, citan el Estatuto Básico del Empleado Público, que obliga a que todos los procesos selectivos respeten los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia, imparcialidad e independencia de los órganos de selección.

Los opositores también apelan a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que considera que las bases de una convocatoria constituyen la "ley del proceso selectivo", por lo que vinculan tanto a la Administración como al propio tribunal y no pueden modificarse o reinterpretarse una vez iniciado el procedimiento.

Posibles recursos

Entre las principales críticas figura el hecho de que los aspirantes inicialmente excluidos del proceso de subinspectores hayan dispuesto de un plazo adicional para preparar una prueba oral que el resto de candidatos ya había realizado, circunstancia que, según los afectados, rompe la igualdad de oportunidades.

Además, consideran que el cambio de criterio "genera incertidumbre" sobre la objetividad del proceso y "podría afectar a la validez de ambas convocatorias si finalmente se concluyera que no se han aplicado de forma uniforme las mismas bases".

Los denunciantes recuerdan también que algunos integrantes del actual tribunal "participaron en anteriores procesos selectivos" de la Policía Municipal que ya suscitaron controversia.

Por todo ello, solicitan al Ayuntamiento de Valladolid que revise las decisiones adoptadas y garantice el cumplimiento estricto de las bases aprobadas, con el objetivo de preservar la transparencia y la seguridad jurídica de ambos procedimientos. En caso de que la situación no se reconduzca, advierten de que estudian la presentación de recursos en la vía administrativa y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Desde el Ayuntamiento de Valladolid no se ha realizado, por el momento, ninguna valoración pública sobre las críticas formuladas por los aspirantes.