La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a más de 20 años de prisión a dos de los integrantes de una organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, desmantelada por la Policía Nacional en noviembre de 2022 en el marco de la conocida como 'Operación Tentaciones'.

La principal condenada es María Ángeles P.G., responsable del piso situado en la avenida de Burgos donde se ejercía la prostitución. La sentencia le impone 12 años y ocho meses de cárcel, distribuidos en cinco años por dos delitos de prostitución coactiva, dos años y medio por aprovechamiento de la prostitución ajena, tres años y medio por tráfico de drogas y dos años por pertenencia a grupo criminal.

La resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial considera acreditado que la condenada actuaba como subordinada de la presunta cabecilla de la organización, Lorenza C.P., quien permanece en paradero desconocido y sobre la que pesa una orden de busca.

Por su parte, Javier R.A., expareja de la responsable del inmueble, ha sido condenado a siete años y medio de prisión: tres años y medio por tráfico de drogas, tres años por blanqueo de capitales y un año por pertenencia a grupo criminal.

Durante el juicio quedó acreditado que las víctimas eran captadas en Paraguay, principalmente entre mujeres jóvenes con hijos y en situación de vulnerabilidad, e incluso entre familiares de los propios proxenetas. Aunque conocían que viajarían a España para ejercer la prostitución, desconocían las condiciones de explotación a las que serían sometidas.

Según recoge la sentencia, las mujeres estaban obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, no podían rechazar clientes y vivían hacinadas en literas, además de encontrarse vigiladas mediante cámaras y micrófonos instalados en el inmueble.

Asimismo, durante la vista oral se expuso que los clientes abonaban los servicios mediante datáfono o Bizum a una cuenta bancaria a nombre de la presunta cabecilla. La mitad de los ingresos quedaba en manos de la organización, mientras que el resto se destinaba a saldar la deuda generada por el viaje de las víctimas, quienes únicamente recibían una pequeña cantidad para cubrir sus necesidades básicas.

La investigación también reveló que la líder de la trama, para quien la Fiscalía solicita 52 años de prisión, contrataba a un fotógrafo para realizar imágenes de las víctimas en ropa interior o semidesnudas con el objetivo de publicar anuncios en páginas especializadas de contactos sexuales. Además, gestionaba las citas, fijaba los precios y la duración de los servicios y, bajo el reclamo de "fiesta blanca", la organización ofrecía también consumo de cocaína a los clientes.

La Operación Tentaciones culminó en diciembre de 2022, aunque la investigación comenzó un año antes. Agentes de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) detectaron anuncios de prostitución en internet y lograron contactar con una de las víctimas. Su testimonio permitió destapar la existencia de la organización criminal y avanzar en la investigación.

Los agentes comprobaron igualmente que las mujeres eran obligadas a firmar falsos contratos de arrendamiento, una maniobra con la que la red pretendía aparentar que ejercían la prostitución de forma voluntaria en habitaciones alquiladas y dificultar así una eventual actuación policial.