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Valladolid da el primer paso para blindar su ZBE con la actualización de sus planes de movilidad y aire
La Junta de Gobierno aprueba inicialmente la modificación del PIMUSSVA y del Plan de Calidad del Aire para adaptarlos a la normativa estatal vigente y garantizar una implantación gradual de la ZBE
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes la modificación puntual del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura (PIMUSSVA) y del Plan de Mejora de la Calidad del Aire. Esta medida busca actualizar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para que sea coherente con el marco normativo estatal, principalmente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Real Decreto 1052/2022.
El acuerdo supone la sustitución de los contenidos estratégicos previos por una nueva redacción que define la ZBE como un ámbito delimitado con restricciones de acceso, circulación y estacionamiento para mejorar la calidad del aire y mitigar emisiones. Tras esta aprobación inicial en la Junta de Gobierno, las propuestas se someterán a un periodo de información pública y audiencia a los interesados antes de ser elevadas al Pleno para su aprobación definitiva.
La propuesta reafirma que la implantación de la ZBE en Valladolid se realizará de forma gradual y progresiva. Este modelo busca equilibrar los objetivos ambientales con la viabilidad social, la cohesión económica y el derecho a la movilidad de los ciudadanos. El área delimitada, que abarca una superficie de 1.073.850 m², comprende un perímetro que incluye puntos clave como la Plaza de Zorrilla, el Paseo de Isabel la Católica, la Plaza de España y la calle Miguel Íscar, entre otros.
Además de la mejora de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático, el plan actualizado persigue reducir la contaminación acústica, impulsar el cambio hacia modos de transporte más sostenibles y promover la eficiencia energética. La normativa también contempla sistemas de monitorización y seguimiento continuo para evaluar la eficacia de las restricciones y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
La organización agraria considera "desproporcionada" la medida de la Junta y reclama que se adapte al riesgo real de cada territorio durante la alerta por incendios
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