El Tribunal de Instancia de Valladolid, en su Sección de lo Social número 4, ha condenado al Ayuntamiento de Valladolid por vulnerar el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación de una trabajadora embarazada al no formalizar el contrato de sustitución para el que había sido seleccionada desde la bolsa de empleo de peones de limpieza viaria.

La sentencia considera acreditado que la decisión del Consistorio supuso una discriminación por razón de sexo, al estar directamente relacionada con el estado de gestación de la demandante, lo que vulnera el artículo 14 de la Constitución Española. En consecuencia, el órgano judicial declara nula la decisión administrativa de no completar la contratación inicialmente prevista.

El fallo obliga al Ayuntamiento a compensar económicamente a la trabajadora con las cantidades que habría percibido si el contrato se hubiera formalizado. En concreto, deberá abonarle los salarios y demás retribuciones correspondientes al periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2025 y el 26 de enero de 2026. De esa cuantía se descontarán, en su caso, las prestaciones incompatibles que hubiera recibido durante ese tiempo para sustituir los ingresos salariales.

Además, la resolución fija una indemnización de 2.500 euros por los daños morales ocasionados como consecuencia de la vulneración de sus derechos fundamentales.

No obstante, el Juzgado rechaza otras reclamaciones formuladas por la demandante. Entre ellas, desestima la petición de formalizar ahora el contrato de sustitución que le fue ofrecido, así como su reincorporación o mantenimiento en la bolsa de empleo con la posición que le hubiera correspondido. También descarta pronunciarse sobre medidas relacionadas con la adaptación del puesto de trabajo o la situación de riesgo durante el embarazo, al entender que dichas circunstancias habían desaparecido y que las actuaciones administrativas posteriores habían dejado sin objeto esas pretensiones.

En la resolución judicial se argumenta que la declaración de "no apta temporal" estaba vinculada directamente al embarazo de la trabajadora y que la decisión posterior de no formalizar el contrato le ocasionó un perjuicio económico y profesional derivado de una situación especialmente protegida por la legislación.

Tras conocerse la sentencia, el Grupo Municipal Socialista ha valorado el fallo y ha asegurado que ya había advertido de la ilegalidad de la actuación municipal. Los socialistas han reclamado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que pida disculpas públicamente a la trabajadora por los daños sufridos y han criticado que el equipo de gobierno de PP y Vox "mantuviera su decisión pese a las advertencias realizadas durante la tramitación del caso". Según el PSOE, "ninguna mujer debe verse perjudicada laboralmente por el hecho de estar embarazada".