La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual cometido contra su hija mayor, una mujer con una discapacidad psíquica reconocida del 33 % por inteligencia límite, a la que sometió a abusos desde que tenía cuatro años y durante cerca de 23 años.

La sentencia, hecha pública este martes, 21 de julio, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), considera acreditado que las agresiones comenzaron en torno a 1998, cuando la víctima tenía cuatro años, y se prolongaron de forma prácticamente diaria hasta principios de 2021, cuando el acusado ingresó en prisión provisional tras ser denunciado por su otra hija por hechos de naturaleza similar.

Según el fallo, el procesado aprovechaba las ausencias de la madre o los momentos en los que esta dormía bajo los efectos de la medicación para cometer las agresiones en el domicilio familiar. Cuando la menor se resistía, recurría a la violencia física y a las amenazas para someterla.

La resolución judicial señala que el condenado llegó a golpear a la víctima con un cinturón en la cabeza y en las manos, la intimidó con un cuchillo y le advertía de que, si no accedía a sus exigencias, haría lo mismo con su hermana pequeña. La Audiencia considera probado que esta situación de abuso y dominación se repitió de forma continuada durante más de dos décadas.

El tribunal recuerda que el acusado ya fue condenado anteriormente a once años y un día de prisión por las agresiones sexuales cometidas contra la hija menor de la familia, condena que cumple actualmente.

Durante la investigación de aquella causa, la hija mayor optó por no revelar los abusos que había sufrido. Sin embargo, en septiembre de 2023, tras el fallecimiento de su abuela paterna, decidió denunciar los hechos, lo que dio lugar al procedimiento ahora resuelto.

La afectada sufre trastorno por estrés postraumático, un daño psicológico en forma de sintomatología postraumática que afecta a su estabilidad emocional y un daño social, resultado del aislamiento y de la disfuncional dinámica familiar.

Además de la pena de prisión, el fallo establece para el acusado la prohibición de aproximarse a la víctima a una distancia inferior a 500 metros, o al lugar donde ella resida o trabaje por tiempo superior en diez años a la duración de la pena de prisión impuesta en sentencia.

También fija la prohibición a comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo y libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad, por tiempo de ocho años.

El tribunal condena al procesado a la privación de la patria potestad por tiempo de seis años y a inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena privativa de libertad.

Deberá indemnizar a la perjudicada en la cantidad de 26.200 euros por los daños y perjuicios causados.