La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre a tres años de prisión por un delito de agresión sexual cometido contra su pareja en noviembre de 2022. Los hechos ocurrieron en la vivienda en la que ambos convivían junto al hijo que tenían en común, entonces de cinco meses de edad.

Además de la pena de cárcel, la sentencia establece una orden de alejamiento que impide al condenado acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o centro de estudios a menos de 300 metros durante un periodo superior en un año al de la condena impuesta. Asimismo, le prohíbe comunicarse con ella por cualquier medio, ya sea telefónico, telemático, escrito o verbal.

Una vez cumplida la pena de prisión, el condenado deberá permanecer durante seis años en libertad vigilada, tal y como recoge la resolución judicial.

El tribunal también le obliga a indemnizar a la víctima con 6.000 euros por los daños morales sufridos. En cambio, ha sido absuelto del delito leve continuado de vejaciones en el ámbito de la violencia de género del que también estaba acusado, al considerar la Sala que esa infracción había prescrito.

La sentencia considera probado que el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante ocho años, tenían un hijo en común y convivían en un domicilio de Valladolid desde abril de 2022.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 20 de noviembre de ese mismo año. Según recoge la resolución, tras regresar de un karaoke al que había acudido con su hermano y la pareja de este, el acusado inició una discusión con la mujer al recriminarle que no le hubiera contado determinados aspectos relacionados con un compañero de trabajo.

Durante la disputa, el bebé de ambos se despertó llorando. La mujer se dirigió entonces a la cocina para preparar un biberón y, posteriormente, regresó al dormitorio, momento en el que, según considera acreditado la Audiencia Provincial, el acusado la siguió y cometió la agresión sexual impulsado por un móvil de carácter sexual y por los celos.

Como consecuencia de los hechos, la víctima sufrió importantes secuelas psicológicas. La resolución judicial señala que desarrolló un trastorno de estrés postraumático, además de alteraciones emocionales y cognitivas, baja autoestima y un deterioro significativo en distintos ámbitos de su vida personal, sentimental, laboral y social, así como un cuadro compatible con un trastorno depresivo mayor derivado de la violencia sufrida.