El Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de más de 57 años de cárcel para cuatro personas acusadas de integrar una red de explotación sexual desarticulada por la Policía Nacional en Valladolid en noviembre de 2022, en el marco de la denominada ‘Operación Tentaciones’.

El procedimiento judicial ha quedado visto para sentencia tras la última sesión del juicio, en la que no ha podido comparecer la presunta cabecilla de la trama, Lorenza C.P., natural de Paraguay, que se encuentra en paradero desconocido y sobre la que pesa una orden de busca y captura. Para ella, la Fiscalía solicita 52 años de prisión por varios delitos de trata de seres humanos en concurso con prostitución coactiva, además de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Junto a ella, el resto de acusados se enfrentan a distintas penas: su prima, María Ángeles P.G., para quien el fiscal pide 23 años de cárcel; Mirta Graciela G.M., con una solicitud de 18 años; Hugo Javier A.A., con 8 años y 8 meses; y Javier R.A., expareja de la principal acusada en el momento de los hechos, para quien se reclaman 8 años de prisión.

Durante sus declaraciones, los cuatro procesados negaron su participación en una organización criminal y solicitaron su libre absolución. María Ángeles P.G. afirmó que residía en el mismo piso donde se desarrollaban los hechos, en la avenida de Burgos, pero sostuvo que ejercía la prostitución en las mismas condiciones que el resto de mujeres, sin privilegios ni funciones de control.

La acusada explicó además que atravesaba una situación económica precaria y que decidió viajar a España para ayudar a su familia en Paraguay. Según su testimonio, su llegada al país fue posible gracias a un préstamo de su prima, la principal investigada, que también le facilitó los recursos iniciales para el viaje.

Por su parte, Mirta Graciela G.M. negó su implicación en la red, aunque reconoció haber puesto en contacto a familiares y vecinas con la principal acusada, algunas de las cuales acabaron viajando a España para ejercer la prostitución.

Javier R.A. rechazó haber participado en la actividad investigada y aseguró que desconocía lo que ocurría en el inmueble de la avenida de Burgos. También señaló que, durante los hechos, el control de su cuenta bancaria lo ejercía su entonces pareja, debido a problemas de adicción que estaba tratando.

En la misma línea, Hugo Javier A.A. afirmó que únicamente ayudó económicamente a una compatriota para sufragar su viaje a España y negó cualquier vínculo con el negocio de la prostitución.

Durante la vista también declararon dos testigos que aseguraron que las mujeres disponían de libertad de movimientos, llaves del inmueble y contacto con organizaciones sociales que les ofrecían información sanitaria y apoyo. Según su testimonio, aunque el viaje fue financiado por la acusada principal, conocían previamente la actividad que iban a desarrollar.

Tras la práctica de la prueba, el juicio ha quedado visto para sentencia.